Casualidad o causalidad las causas que investiga la Fiscalía Anticorrupción de València acaban conectadas. Por elementos clave o secundarios. Y el caso Erial no podía quedarse al margen. Dos imputados del caso Taula, la macrocausa judicial que investiga desde 2014 el presunto pago de mordidas en la Generalitat, la Diputación y el Ayuntamiento de València, aparecen como propietarios de terrenos en el Plan Parcial 15 Poble Nou de la Vila Joiosa en el que el clan Zaplana pretendía dar un pelotazo urbanístico de cuatro millones de euros.
Se trata de los hermanos Mayrén y Juan Beneyto Jiménez de la Iglesia, ambos investigados en la pieza del caso Taula que investiga el presunto pitufeo o blanqueo de capitales en cantidades pequeñas presuntamente cometido por el grupo municipal popular del Ayuntamiento de València en las elecciones municipales de 2015.
La más conocida de los dos hermanos es Mayrén Beneyto, ya que fue presidenta del Palau de la Música y concejala de Cultura con los gobiernos de Rita Barberá, y es una destacada «socialité» de la burguesía valenciana.
A ambos se les investiga por haber realizado sendas transferencias de 1.000 euros cada uno (la cantidad que ingresaron todos los concejales, asesores y exdiles del grupo municipal popular) el 25 de marzo y el 31 de marzo de 2015. Una operativa que los investigadores del caso Taula representa una operativa para blanquear a través de pequeñas cantidades el supuesto dinero en «b» que atesoraba el PP de València.
Ambos hermanos figuran junto a un tercer familiar y una cuarta persona como propietarios de la finca número cinco resultante de la reparcelación del PP-15 Poble Nou de la Vila Joiosa, aprobado el 3 abril de 2004, pero que no se pudo comenzar a urbanizar hasta 2015. La participación de los hermanos Beneyto Jiménez de la Iglesia en este proyecto urbanístico no se investiga en el caso Erial.
El PP-15 Poble Nou ha urbanizado una zona «degradada» en primera línea de playa de la capital de la Marina Baixa, que está impulsado por la agrupación de interés urbanístico (AIU) Antoneta PP-15, que llegó a estar presidida por Joaquín Barceló, el empresario y presunto testaferro del expresidente de la Generalitat Eduardo Zaplana.
De hecho, en el caso Erial se llegó a bloquear la cuenta bancaria de Antoneta, lo que ha provocado que los actuales responsables de la AIU presentaran varios escritos para poder tener acceso a la cuenta corriente para poder hacer frente a los pagos «necesarios para el desarrollo urbanístico del sector (constructora, suministradores de servicios, técnicos...)».
Los investigadores del caso Erial levantaron el bloqueo cuando desde la AIU Antoneta PP-15 acreditaron que Barceló ya no era el presidente de la agrupación urbanística y, por tanto, tampoco estaba ya autorizado para acceder a la cuenta corriente. La AIU Antoneta PP-15 cesó como presidente a Barceló el 19 de junio de 2018, casi un mes después de ser detenido. Los investigadores sí han decomisado los 200.000 euros que abonó el testaferro de Zaplana al plan parcial.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil también reclamó al Ayuntamiento de la Vila Joiosa toda la documentación relativa a este plan parcial ya que consideran que es el destino de 2,2 millones de euros repatriados desde Luxemburgo a la Comunitat Valenciana a través de cuatro sociedades interpuestas creadas por Barceló y el asesor fiscal y el otro presunto testaferro de Zaplana, Francisco Grau. Barceló adquirió dos parcelas en el PP-15 Poble Nou que, tras la reparcelación, quedaron de uso residencial y hotelero.
Las grabaciones realizadas por la Guardia Civil reflejan cómo los miembros de la trama dedican horas y horas a negociar la venta de la parcela hotelera, de la que pretendían obtener 2,4 millones de euros. Pero también a buscar la fórmula para eliminar la reserva obligatoria de VPO.
