Resultados académicos, organización del profesorado, innovación de la enseñanza y del aprendizaje, actividades programadas, gestión y funcionamiento del centro. Todo lo que tiene que ver con cada uno de los colegios, tanto públicos como concertados, va a ser mirado con lupa por la Conselleria de Educación, que se ha propuesto evaluar todos estos parámetros periódicamente a partir del curso que viene.
Los centros van a tener que dar cuenta de sus resultados y funcionamiento a partir, asimismo, de una evaluación previa interna que también estarán obligados realizar -ahora solo es voluntaria- y que podrán analizar todos los miembros del consejo escolar ante los que deberá exponerse.
«Los centros realizarán una autoevaluación sobre su propio funcionamiento, los programas y actividades que desarrollen, los procesos de enseñanza y aprendizaje y de los resultados académicos obtenidos por el alumnado, así como de las medidas y actuaciones dirigidas a la prevención de las dificultades de aprendizaje del alumnado», concreta la normativa que Educación prevé aprobar antes de las próximas elecciones autonómicas del 28 de abril.
El objetivo que persigue la conselleria con las evaluaciones internas y externas es la mejora de la calidad educativa, y que la inclusión del alumnado sea efectiva, para lo que se advierte en el desarrollo de la citada normativa, en el título IV del nuevo reglamento que regirá para los centros de Infantil y Primaria -el actual data de los años 90-, que la evaluación externa «deberá tener en cuenta tanto el contexto socioeconómico como los recursos de que se disponga» en cada uno de los colegios.
Esta dotación de recursos incluye tanto los de tipo técnico y materiales con que cuenten los centros, como el profesorado.
Y en este punto es en el que las federaciones provinciales de padres ponen el acento a la hora de valorar una iniciativa que de entrada consideran positiva, pero sobre la que apuntan que hay centros que parten en clara desventaja, por lo que lo que realmente consideran importante para que estas evaluaciones no se queden en papel mojado es «que se doten de suficiente profesorado y más estable, antes incluso de llevar a cabo evaluación alguna», como subraya el presidente de la Confederación de padres Gonzalo Anaya.
«Como teoría está muy bien, pero la práctica es otra cosa y para eso hay que salir del despacho», concreta Angós, en referencia a los responsables educativos en la conselleria. «Hay que venir y ver la ratios de 28 y 29 alumnos por aula en centros Caes -los que escolarizan al alumnado más vulnerable social y económicamente y, por ende, con mayores dificultades académicas, con porcentajes elevadísimos de alumnado extranjero y gran variedad de lenguas, a los que sumar la absoluta rotación del profesorado cada año. La evaluación de estos centros la sabemos todos de antemano, precisa Angós. Demanda que «primero deberían dotar recursos profesionales y cuando los tengamos, evaluar, porque si no, no sirve de nada y lo que tenemos son miles de niños condenados de antemano en centros que hemos convertido en guetos, porque se les pone el apelativo de Caes pero dentro todo sigue igual», lamenta este representante de los padres de alumnos.
«Falla el sistema»
Angós subraya que ante las actuales cifras de fracaso escolar en la Comunitat Valenciana, que rondan el 30 % de alumnos que no logra los objetivos de obtener el graduado escolar al término de la enseñanza obligatoria, «es evidente que lo que falla es el sistema, tampoco hace mucha falta evaluarlo, cuando en el País Vasco el fracaso es solo del 7 %. Si conforme llegan unas oposiciones docentes los centros se vacían de maestros para prepararse los exámenes, es que algo importante falla, pero no se quiere abordar», concluye. El representante de la Fapa Gabriel Miró, Ramón López, apunta que la evaluación de centros propuesta por Educación puede aportar un valor añadido . «Si se trata de detectar qué centros necesitan más recursos para sacar adelante al máximo de alumnos ¿por qué no evaluar?», añade.
