Una treintena de profesionales trabajan para la programación propia de À Punt pero de forma externalizada. Se trata de perfiles técnicos, que no forman parte del proceso de elaboración de noticias como establece la ley, por la que todo profesional que trabaje con información debe estar contratado por la casa. Sin embargo, entre los 489 trabajadores con los que cuenta la cadena (menos de un centenar de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació y el grueso en la Societat Anònima de mitjans de Comunicació), no son suficientes para abarcar la programación propia, pese a contar con más de 300 empleados para la producción de contenidos.
Los servicios de informativos, tanto el matinal, como el mediodía, la noche y los fines de semana, son 12 los técnicos contratados a una empresa externa que prestan el servicio de producción propia de À Punt. 9 cámaras y 3 auxiliares además de cinco técnicos de sonido y seis personas para realizar la «ingesta», el almacenamiento de archivos externos para utilizar después. Este personal sí era propio al inicio de las emisiones pero según fuentes sindicales, «la plantilla no daba para más y hubo que externalizarlo» porque se requería de cámaras para cubrir exteriores.
En el caso de La Qüestió, son entre 12 y 15 los miembros que forman parte del operativo técnico. La realización forma parte de la casa, pero el personal externo es quien maneja la unidad móvil a través de la cual se emite el programa porque el Estudio 2 está en plena reforma. Estas 15 plazas se extinguirán en cuanto entre en funcionamiento el control del estudio, que se prevé en las próximas semanas.
Fuentes sindicales señalaron que la contratación externa es necesaria porque los trabajadores de À Punt son insuficientes y tendrían que hacer horas extra que más tarde tendrían que recompensarse con días libres, lo que generaría una falta de personal en el futuro.
Los sindicatos consideran que esta práctica podría rozar la ilegalidad. Si bien el personal contratado de forma externa no forma parte del proceso de elaboración de noticias propiamente dicho, sí forman parte del conjunto. Desde À Punt aseguran que la ley se cumple «escrupulosamente» y tanto en La Qüestió como en los informativos hay personal propio. Sin embargo, reconocen que «puntualmente» se recurre a asistencias externas como es el caso de ambos formatos.
La ley 6/06 señala que el coste del personal no puede superar el tercio del presupuesto total, tal como se indica en el artículo 36, referido al presupuesto. El límite se alcanzó y el pasado verano se aceptó prorrogar la aplicación de la ley para no cometer una ilegalidad, dado que desde Presidencia se denegó aumentar el presupuesto tal como solicitaba la dirección del ente. Esa es la razón que los sindicatos manejan para explicar que la cadena no contrate a más personas en el ente y acabe de completar las 42 plazas que no se han ocupado de la Relación de Puestos de Trabajo. «No hubo una previsión real de lo que se iba a hacer», denuncian las mismas fuentes.
El viernes, la directora de À Punt, Empar Marco, volvió a manifestar su malestar por el presupuesto del que disponen. Son 55 millones y no 69 como solicitó a través del Consell Rector en diciembre. Esa petición «está como está», dijo en la presentación de la serie «La Forastera». Ante la proximidad de las elecciones autonómicas, Marco aseguró que el futuro «es incierto» para el ente público. Tal es la incertidumbre que la renovación de diversos programas se está posponiendo hasta junio, cuando se valore cuál ha sido el gasto real del dispositivo electoral y puedan hacer una previsión del presupuesto que queda. Algunos programas no han renovado en la parrilla y otros se encuentran renegociando y ajustando los presupuestos.
Presupuesto para incentivos
En este sentido, el despliegue para la cobertura de elecciones también ha sido un quebradero de cabeza para la dirección del medio. Los incentivos económicos para compensar a los profesionales saldrán del capítulo 1 del presupuesto, y a falta de que Hacienda apruebe la propuesta, se podría compensar a los trabajadores que trabajen los 15 días de la campaña electoral con 800 euros y 5 días libres. «Está por debajo de lo que se abonaba en Canal 9, pero lo hemos podido compensar con las libranzas», señalan los sindicatos, que calculan un dispositivo de unas 30 personas.
La partida saldrá del capítulo 1 destinado a personal porque, como señalaron las fuentes sindicales, «no hay reserva en otra partida y el Consell no ha autorizado incrementar el presupuesto».
