La Fiscalía General del Estado ha remitido a todos los municipios un oficio en el que advierte de que podrá emprender acciones penales en el caso de que la ausencia de los Planes Locales de Prevención Forestal contribuya de forma determinante en la propagación de un fuego. Una acción vinculada siempre a una investigación penal, iniciada por un incendio concreto. El aviso fue distribuido el pasado día 6 de marzo a través de la Federación Española de Municipios y Provincias (Femp) para que llegue a todos los ayuntamientos españoles, donde la Unidad de Medio Ambiente de la Fiscalía recuerda que los planes de lucha contra el fuego «son una obligación legal», ya su existencia es «claramente positiva» y lo contrario tiene «efectos claramente negativos». El foco de la Fiscalía está sobre aquellos consistorios que año tras año sufren de forma reiterada los efectos de las llamas.
Como se recordará, en agosto de 2018 trascendió que solo 61 municipios de la Comunitat Valenciana contaban con ese PLPF, otros 464 no y 17 estaban exentos. De ellos, 318 se han puesto a solventar una deficiencia que arrastran desde hace cinco lustros. Conselleria habilitó una partida de ayudas que asciende a millón y medio de euros para facilitar a los consistorios la redacción de esa planificación. En octubre se concedieron esas subvenciones a 254 localidades y quedan 64 pendientes para la siguiente convocatoria por falta de disponibilidad presupuestaria. Otros 146 siguen sin plan y no han solicitado ayuda alguna, cuando en julio expira el plazo para presentar las certificaciones. En febrero, el departamento de Elena Cebrián envió cartas a todos los municipios recordándoles su obligación y los plazos. Según Delia Álvarez, directora general de Prevención de Incendios Forestales, en dos años tienen que estar totalmente elaborados. Además, apuntaba que se está trabajando con la Diputación de València para dar ayudas a los consistorios se quedaron fuera de la lista de la conselleria, pendientes de la apertura de una nueva línea de subvenciones.
