La secretaria de Estado de Seguridad, Ana Botella, y la presidenta de Siepse, la sociedad estatal encargada de la construcción y mantenimiento de las infraestructuras de seguridad, Mercedes Gallizo, han visitado esta mañana el complejo policial de Zapadores para supervisar su estado actual y ver si continúan siendo válidos o deben ser modificados los informes para la rehabilitación integral del recinto, elaborados en 2011 por el entonces Gobierno del PP.
De aquel proyecto, presupuestado en 50 millones de euros y cinco fases, apenas si se puso en marcha la primera, que consistió en la reparación del muro perimetral. Desde entonces, nada se ha vuelto a hacer.
Las dos responsables de Interior han llegado a Zapadores a las 10.00, acompañadas de mandos policiales, y han pedido ver el estado en que se encuentra, principalmente, el edificio en H, considerado como la joya de la corona, pero también los otros inmuebles que forman el conjunto arquitectónico de origen militar que data de 1921.
Uno de los escollos para acometer la reforma definitiva de Zapadores, promesa que llevan realizando todos los gobiernos centrales desde finales de los años 80, es precisamente su condición de Bien de Relevancia Local (BRL), lo que le confiere una protección especial que complica y encarece su puesta a punto, ya que solo admite rehabilitaciones o reformas, pero nunca demoliciones ni reconstrucciones completas.
Botella ya anunció poco después de llegar al Gobierno de Sánchez como número 2 de Interior que la rehabilitación de Zapadores era una "prioridad" para ella y para el ministro Fernando Grande-Marlaska, dentro del plan de choque para dignificar cuarteles y comisarías.
En enero pasado, el Consejo de Ministros aprobó por la vía de urgencia un presupuesto de 600 millones de euros -más otros 250 para centros de internamiento de extranjeros (CIE) como el de Zapadores y establecimientos penitenciarios- para acometer las mejoras necesarias en las infraestructuras policiales más necesitadas.
Zapadores, para rehabilitar, y la comandancia de Alicante, para iniciar su construcción desde cero, son los dos grandes proyectos que el Gobierno de Pedro Sánchez tiene previstos para la Comunitat Valenciana como urgentes, a lo que se unen otros planes menores que aún están en estudio.
El lamentable estado en que se encuentra el complejo policial ubicado en la calle del mismo nombre, en el valenciano barrio de En Corts, quedó patente, una vez más, el pasado octubre, cuando las rachas de viento que soplaban ese día provocaron la caída del falso techo sobre el escritorio del mando policial responsable de la unidad de Caballería. Por fortuna, el inspector no estaba, así que nadie resultó herido.
En este momento, apenas si se utiliza una quinta parte de la superficie útil del antiguo acuartelamiento de zapadores, ya que la mayor parte de los edificios están en ruinas, por lo que su ocupación es absolutamente insegura.
