El expresidente de la Generalitat Eduardo Zaplana ha pasado de ofrecer «colaboración total» a los investigadores del caso Erial cuando se levantara el secreto del sumario a pedir la nulidad de toda la causa por varias vías. El último movimiento de la defensa ha sido pedir que se anule la declaración de su presunto testaferro uruguayo, Fernando Belhot, que implica al exministro como la cúspide de la trama de supuesto blanqueo de capitales, según ha podido saber Levante-EMV. «Eduardo Zaplana era la figura protagónica, que decidía todo y a quien consultaban continuamente», declaró el abogado uruguayo el pasado 25 de enero por videoconferencia ante la jueza y el Fiscal Anticorrupción.

Cuando la confianza entre ambos se acrecentó, Belhot llegó a preguntar al exministro de Aznar por el origen del dinero que manejaba a través de sociedades uruguayas, primero, con cuentas en Suiza y Austria, como paso previo de su retorno a España. «Me reconoció que él tenía la mayoría de las empresas y los otros dos [testaferros, en referencia a Joaquín Barceló y Francisco Grau] una pequeña cantidad. Y que él no había querido aparecer como titular de esos activos financieros, porque había sido una persona con actividad pública muy importante, presidente de la Comunitat Valenciana, miembro del PP, era empresario de éxito con un patrimonio personal y familiar importante y no quería exponerlo públicamente y por eso no quería comparecer».

Una declaración que convierte el testimonio del fiduciario uruguayo en una de las claves de bóveda de la acusación contra el expresidente de la Generalitat como presunta «X» la trama nacional e internacional gestada para ocultar el dinero procedente del cobro de supuestas mordidas.

De ahí que la defensa de Zaplana intente lanzar un torpedo contra una de las líneas de flotación de la acusación contra él. Si se anulara la declaración de Fernando Belhot, desaparecería la confesión del arrepentido que lo implica como último propietario de alrededor de 6,7 millones bloqueados en varias cuentas en Suiza.

El expresidente de la Generalitat también ha atacado la raíz de todo el caso Erial. Como ya informó Levante-EMV, su tercer abogado, el exfiscal Daniel Campos, también presentó otro recurso contra el auto del 20 de noviembre de 2015 con el que arrancó la macrocausa judicial que investiga al exministro y su círculo de confianza. Y que la defensa considera que está basada en «la ilicitud de la incautación de los documentos» hallados en el despacho del abogado del yonki del dinero, Marcos Benavent, «no amparada por un auto de autorización judicial» y seguida por una «completa investigación prospectiva sin cobertura jurídica».

El abogado de Zaplana intenta que se invalide, también, la bautizada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil como la «hoja de ruta» del supuesto amaño de la adjudicación del Plan Eólico encontrada en el despacho del abogado de Marcos Benavent (a quien se lo dio un ciudadano sirio que vivió en la casa que ocupó Zaplana en València). La titular del Juzgado de Instrucción 8 y la Fiscalía Anticorrupción ya se han opuesto a este movimiento de la defensa. La pelota está ahora en el tejado de la sección quinta de la Audiencia de València, que es la que analiza todos los recursos de esta causa abierta en noviembre de 2015.

Zaplana ha pasado así de prometer «colaboración total» con la justicia a intentar anular de raiz toda la investigación que le imputa un total de diez delitos. Tras ser detenido, en su comparecencia ante la jueza y el fiscal anticorrupción en la que se decidió su ingreso en prisión, el pasado 24 de mayo, el exjefe del Consell se negó a declarar pero mostró su «voluntad de colaborar cuando tenga conocimiento de la causa». El 8 de octubre, cuando ya había cumplido cuatro meses en prisión, también presentó un recurso en el que se ofrecía a firmar autorizaciones para agilizar las comisiones rogatorias al extranjero, aunque él seguía negando que el dinero fuera suyo.