La Abogacía de la Generalitat ha solicitado al Juzgado de Instrucción número 3 de València la apertura de juicio oral contra el expresidente de la Federación de Centros de Enseñanza de València (Feceval), José Manuel Boquet, y el ex director gerente de esta patronal de la educación privada y concertada, Victor Villagrasa. Ambos están investigados en una causa cuya instrucción concluyó el juez el pasado mes de febrero por presuntas contrataciones irregulares de cinco personas, entre ellas el propio Boquet, que habrían cobrado por una labor docente no realizada con cargo a la Conselleria de Educación del PP entre 2004 y 2014, pero que realmente realizaban tareas para la patronal de la concertada Feceval.
Sin embargo la Fiscalía, ha solicitado de nuevo el sobreseimiento provisional de la causa. El ministerio público argumenta en el escrito que ha remitido al juzgado que "no ha quedado acreditada la perpetración de hechos de carácter delictivo" ni por parte del expresidente de Feceval ni por la propia entidad.
En agosto de 2017, el juzgado decidió sobreseer provisionalmente esta causa -al considerar que existía un contrato laboral "válido", no simulado, aunque los servicios se prestasen en la federación y de que el fiscal pidiera el archivo y pasar el caso al Tribunal de Cuentas-, la Audiencia de Valencia ordenó reabrirla en noviembre de aquel año, tras estudiar el recurso que presentó la Abogacía de la Generalitat. La Audiencia apreció «indicios objetivos de criminalidad».
La investigación se inició a raíz de una denuncia de la Fiscalía de València, que partió a su vez de una denuncia de Compromís. Como consecuencia se incoaron dos piezas: ésta, por los pagos a los llamados 'liberados' de la patronal, y otra ya sobreseída por supuestos pagos en exceso a la concertada.
El fiscal -como ya hizo en 2017- insiste en pedir el sobreseimiento. En su escrito asegura que de las diligencias de prueba practicadas "queda acreditado que por parte de la Conselleria de Educación se pagaron a determinados profesores de centros concertados en concepto de nómina determinados importes hasta el año 2014 mientras desempeñaban su función laboral en la patronal Feceval". Un pago que según el fiscal, "estaba avalado por un convenio para el desarrollo de la formación del profesorado que estuvo vigente hasta 2010, sin embargo el pago continuó hasta 2014 porque entendieron implícitamente prorrogado el convenio".
"No hubo engaño a la Administración", según el fiscal
El fiscal añade en sus alegaciones que "los pagos efectuados a Feceval no se realizaron con engaño a la Administración", según se deriva de la propia declaración de los funcionarios en fase de instrucción, y "por el contrario conocían perfectamente el concepto y forma en que se realizaban los pagos".
"De hecho -continúa- de la documentación aportada por la Conselleria de Educación resulta que los pagos a Feceval se llevaron a cabo por el sistema de subvención nominativa de 2010 a 2015 sin acreditar la conselleria por desconocer los motivos (según las propias palabras del informe de la Administración autonómica) el porqué pasaron de pago delegado a subvención".
Fiscalía también cree acreditado que Boquet no cobró en concepto de coordinador, sino como docente de un colegio concertado, así como la labor de los docentes que realizaban la función de formación. Por todo ello, pide el sobreseimiento provisional de las actuaciones.
El salario de esta especie de «liberados de la patronal» oscilaba entre los 1.600 y los 1.800 euros mensuales y podrían suponer una «financiación irregular» de la enseñanza concertada para la Abogacía de la Generalitat.
Levante-EMV ha tenido acceso al escrito de acusación de la Abogacía de la Generalitat en el que se reclaman tanto para Boquet como para Villagrasa tres años de prisión por un delito de falsedad en documento privado. No obstante, los letrados del Consell consideran que, subsidiariamente, los hechos investigados podrían ser calificados como un delito de estafa, por lo que la pena para los dos investigados se elevaría a 6 años de prisión
Además por la calificación principal de falsedad en documento privado se reclama a ambos el pago de una "multa por el triple de la cantidad defraudada", los 758.309,08 euros que cobraron en salarios entre 2004 y 2014 el presidente de Feceval y otros cuatro trabajadores de la patronal de la concertada. Por la calificación subsidiaria de estafa la multa para cada uno de los dos investigados sería de 19 meses.
Según la Abogacía, "el abono de estos salarios con cargo a fondos públicos lejos de ser una simple irregularidad administrativa o formal no tuvo amparo legal, convencional, ni contractual alguno y además supuso una desviación de fondos públicos hacia intereses particulares".
A Feceval, la principal patronal de la concertada, que también ha sido investigada en la causa como persona jurídica, la Abogacía de la Generalitat le reclama por la calificación principal de falsedad en documento privado "la pena de multa del duplo de la cantidad defraudada" así como "la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones, ayudas públicas, y de gozar de incentivos o beneficios fiscales de la Seguridad Social, así como de contratar con las Administraciones Públicas por tres años".
Si se acepta la calificación subsidiaría de estafa que propone la Abogacía, además de tres años más de prohibición de recibir subvenciones y contratar con la Administración, la pena de multa sería "el quíntuplo de la cantidad defraudada".
Indemnización de 758.309,08 euros a la Generalitat
Paralelamente la Abogacía exige que los dos investigados y Feceval indemnicen "conjunta y solidariamente a la Generalitat" con la cuantía supuestamente defraudada, los citados 758.309,08 euros. En el escrito de acusación, los letrados de la Generalitat solicitan al juez que dicte "medidas cautelares de carácter patrimonial" para que Boquet, Villagrasa y la propia patronal de la concertada hagan frente a una fianza para cubrir el montante reclamado por el Consell.
La Abogacía incide en que "determinados colegios subscribieron contratos simulados" mediante los que los cuatro trabajadores "prestaban servicios en dichos centros como profesores". "Incluso se les llegaron a elaborar horarios ficticios con la finalidad de acreditar falsamente que eran profesores que venían dando clase en centros privados docentes asociados a Feceval", descaca el escrito.
"Se suscribieron -subrayan los letrados de la Generalitat- contratos en los que se faltaba a la verdad en la categoría profesional, la dependencia empresarial, el lugar de desempeño o centro de trabajo y, sobre todo, en las funciones y atribuciones a desempeñar por el empleado". Por todo ello, concluye el escrito, "los gastos de salarios y cotizaciones a la Seguridad Social de los cuatro contratados y del presidente de la federación nunca debieron se pagados con cargo a fondos presupuestarios (de la Generalitat), obteniendo así Feceval un beneficio ilícito equivalente a estos costes".
Estas supuestas irregularidades ocurrieron durante los mandatos de tres consellers de Educación del PP: Alejandro Font de Mora (2004-2011), José Ciscar (2011-2012) y María José Catalá (2012-14). Por ello, la Abogacía reclama al juez que cite como testigos a seis cargos públicos y funcionarios de la Conselleria de Educació "que intervenieron en los hechos", entre ellos el secretario autonómico de Educación con Catalá, Manuel Tomás, y los dos directores generales de Centros y personal docentes que hicieron los reconocimientos de las obligaciones de pago, Rafael Carbonell y Santiago Martí.
El Consell culpa a las "malas prácticas" del anterior gobierno del PP
Por su parte, fuentes del Consell han manifestado que este procedimiento es "consecuencia de las malas prácticas" en la etapa del anterior gobierno del PP. El problema de fondo, subrayan, es que la patronal de la concertada es "una víctima más de las malas prácticas de los gobiernos del PP". "Si de lo que se trataba era de ayudar a la patronal, el Consell del PP tendría que haber buscado una fórmula legal, no haberlos embarcado en prácticas absolutamente anómalas que los han abocado a la actual situación", apostillan.
Desde el Consell del Botànic argumentan que "como en otros tantos asuntos en los que el Consell del PP enfangó a entidades de las sociedad civil y a muchas empresas, los anteriores responsables de la Generalitat buscaron atajos a la legalidad".
Sobre el escrito de acusación presentado por la Abogacía señalan que es "coherente con lo señalado por la Audiencia Provincial de València en el auto por el que se denegó el sobreseimiento de la causa" al apreciar indicios suficientes de la comisión de posibles delitos.
