La Abogacía de la Generalitat ha solicitado al Juzgado de Instrucción 3 de València la apertura de juicio oral contra el expresidente de la Federación de Centros de Enseñanza de València (Feceval), José Manuel Boquet, y el ex director gerente de esta patronal de la concertada, Víctor Villagrasa. Ambos están investigados en una causa, cuya instrucción concluyó el pasado febrero, por presuntas contrataciones irregulares de cinco personas, entre ellas el propio Boquet. Todos ellos habrían cobrado por una labor docente no realizada con cargo a la Conselleria de Educación del PP entre 2004 y 2014 mientras realmente hacían tareas para Feceval.
Sin embargo la Fiscalía, como ya hizo en 2017, ha solicitado el archivo de la causa. Argumenta que «no ha quedado acreditada la perpetración de hechos de carácter delictivo». En agosto de 2017, el juez archivo la causa, pero la Audiencia de València ordenó reabrirla tres meses después, tras estudiar el recurso que presentó la Abogacía de la Generalitat. La Audiencia apreció «indicios objetivos de criminalidad».
El fiscal dice que estos pagos «estaban avalados por un convenio para el desarrollo de la formación del profesorado que estuvo vigente hasta 2010, sin embargo el pago continuó hasta 2014 porque entendieron prorrogado el convenio». «Los pagos efectuados a Feceval no se realizaron con engaño a la Administración», escribe la Fiscalía.
El fiscal también cree acreditado que Boquet no cobró en concepto de coordinador, sino como docente de un colegio concertado, así como la labor de los docentes que hacían la función de formación.
Mientras, la Abogacía reclama tanto para Boquet como para Villagrasa tres años de prisión por un delito de falsedad en documento privado. No obstante, considera que, subsidiariamente, los hechos podrían ser calificados como un delito de estafa, por lo que la pena se elevaría a seis años.
Indemnización de 758.309 euros
Además, los letrados del Consell exigen que Boquet, Villagrasa y Feceval hagan frente solidariamente a la devolución de los 758.309,08 euros (más intereses) que se abonaron en sueldos entre 2004 y 2014 al presidente de Feceval y los otros cuatro trabajadores de la patronal. Consideran que «el abono de estos salarios con cargo a fondos públicos lejos de ser una simple irregularidad administrativa o formal no tuvo amparo legal, convencional, ni contractual alguno y además supuso una desviación de fondos públicos hacia intereses particulares».
