Oficial y formalmente, el expresidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, no tenía ninguna propiedad ni relación con el puerto deportivo de Altea Marina Greenwich o Campomanes. Pero el exministro del Gobierno de José María Aznar se involucró personalmente en dos procesos de negociación para que un exdiputado del PP, de una parte, o su presunto testaferro uruguayo se convirtieran en socios mayoritarios de la instalación deportiva. A qué se debe este exacerbado interés del exjefe del Consell por el puerto de Altea aún es una incógnita para los investigadores del caso Erial.
El puerto deportivo de esta población de la Marina Baixa está gestionado desde el año 1997 por la sociedad Marina Greenwich SA, conformada inicialmente por cuatro empresarios, que participaban a través de sus propias empresas que se repartían el 25 % cada uno del accionariado: Robert Bataouche (investigado en el caso Erial), Enrique Javier Céspedes (que declaró como testigo), Andrés Ballester (el empresario inmobiliario que también presidió Terra Mítica) y Giorgio Aresu (coreógrafo, productor y director de televisión). Aunque Marina Greenwich se convierte para estos cuatro socios en una ruina, según relata Céspedes en su declaración como testigo ante la Guardia Civil.
En 1999 deciden ampliar el entonces conocido como Puerto Deportivo Campomanes. Hasta cinco proyectos llegan a presentar hasta que obtuvieron el permiso definitivo, aunque las obras marítimas se paralizaron por la afección a la pradera de posidonia, tras un recurso de Ecologistas en Acción, a quien tanto el Tribunal Superior de Justicia como el Supremo dieron la razón y anularon la ampliación que la Generalitat autorizó a Marina Greenwich. La mercantil inició la reclamación contra la Conselleria de Infraestructuras por «la inversión realizada hasta ese momento de 9 millones de euros» más otros 92 por «lucro cesante», de los que el clan Zaplana confiaba recibir una parte, como ya publicó Levante-EMV.
La paralización de las obras en 2006 también supuso problemas bancarios para los cuatro socios del puerto. «La CAM exigió que cambiáramos el préstamo hipotecario que nos había dado para el proyecto a préstamos personales de los socios, por lo que tuvimos que hacer una ampliación de capital social de dos millones de euros cada socio, todos menos Aresu. A raíz de eso la sociedad se quedó en una situación económica tremendamente complicada y los socios aún más», según la declaración del testigo.
En este contexto de grave crisis de los gestores del puerto de Altea es cuando entra el expresidente de la Generalitat en acción. «El señor Zaplana me presentó a una persona llamada Íñigo Herrera, el cual estaba interesado en comprar las acciones del Grupo Ballester y llegar a un acuerdo» con las de Céspedes, según el relato de este último.
«Tesorero del PP»
Íñigo Herrera es un abogado, político y empresario que llegó a ser diputado por Alicante durante dos legislaturas, según consta en la ficha del Congreso de los Diputados. El «Diccionario Biográfico de Políticos Valencianos, 1810- 2005» también lo identifica como «tesorero del Partido Popular y presidente de la agrupación madrileña del partido».
Herrera se reunió en «varias ocasiones» con los representantes de Marina Greenwich y «en una de ellas estaba presente el señor Zaplana», además de sus dos presuntos testaferros valencianos, Joaquín Barceló y Francisco Grau. «Tras mantener varias negociaciones la operación no llegó a realizarse», relata el testigo en la comparecencia incluida en el sumario.
Tras este primer fracaso, Zaplana volvió a la carga y presentó «hace dos años» a Fernando Belhot (su presunto testaferro uruguayo) como «interesado» en adquirir las acciones de Céspedes en Marina Greenwich. La operación consistía en «comprar los dos créditos impagados por importe de tres millones y medio ante la CAM-Sabadell» de las empresas de Céspedes y Ballester por lo que «obtenía un control absoluto de Marina Greenwich». La operación también fracasó porque «no cerraron un acuerdo con la CAM».
