La financiación autonómica entró ayer en campaña. Tardaba. Ha sido el tema de la legislatura del Botànic, objeto de la gran manifestación de estos casi cuatro años (el 18 de noviembre de 2017). Ha habido acuerdo político y social valenciano, pero la C. Valenciana no ha dejado de ser la peor financiada. El sistema no se ha tocado. Ni con Mariano Rajoy ni con Pedro Sánchez. Pese a las palabras del primero cuando era presidente y del segundo cuando estaba en la oposición.
El líder del PSOE, que al llegar a la Moncloa admitió presto que reformar la financiación no iba a ser posible dada la debilidad parlamentaria de su gobierno, incluyó ayer el asunto entre los 110 compromisos del programa socialista para las elecciones generales del 28 de abril.
La promesa fue bien recibida en Presidencia, ya que recoge algunos de los principios básicos de la reivindicación valenciana. Sin embargo, fue acogida con escepticismo por la patronal y los sindicatos de clase, principales actores en la plataforma por una financiación justa.
Tampoco recibió el aplauso de Compromís, el socio en el Consell, que en plena precampaña subrayó la categoría de promesa electoral de la propuesta del presidente. Ni el de Podemos, el socio externo. Ni el de PP y Ciudadanos, por supuesto.
Al margen del debate entre partidos, lo que dice la medida 21 del documento presentado ayer por Sánchez es: «Impulsaremos un Pacto de Estado para reformar el sistema de financiación autonómica y el sistema de financiación de las entidades locales».
Y agrega (es la parte que mejor ha caído en el entorno del jefe del Consell, Ximo Puig) que modificará la denominada «regla de gasto», con el fin de «adecuar la distribución actual de los recursos públicos entre los distintos niveles de la Administración y garantizar la igualdad en el acceso a los servicios públicos en todo el territorio».
La propuesta significa así abrir la puerta a aumentar la parte del pastel que se reparten las autonomías a costa de reducir la del Estado. La C. Valenciana debería salir beneficiada en esa hipótesis, ya que todos los informes técnicos la señalan como la peor financiada.
Ese cambio en la distribución de recursos es una de las demandas realizadas por los técnicos valencianos. El representante del Consell en la comisión gubernativa para la financiación autonómica, Francisco Pérez García, cifró en julio de 2017 en 16.484 millones la brecha entre el dinero que recibían las comunidades y lo que necesitaban para cubrir los servicios públicos básicos.
La medida 21 del programa del PSOE habla también de la equidad entre ciudadanos en el acceso a estos servicios, un mensaje repetido por Puig durante toda la legislatura. En el Palau ven la mano de la ministra María Jesús Montero, buena conocedora de la situación autonómica (fue consejera), en la redacción de la propuesta.
La Conselleria de Hacienda, en manos de Vicent Soler (PSPV, vinculado además a la mejora de la situación de las entidades locales, «las grandes olvidadas», si bien apuntó que estará «al pie del cañón» para que el debate no se demore. «La actual situación no puede prolongarse ni un ejercicio más», señaló Soler.
Sistema caducado desde 2014
El sistema de financiación autonómica actual está caducado desde 2014. El expresidente del PP Mariano Rajoy se comprometió en enero de 2017, durante la última conferencia de presidentes autonómicos, a tener un nuevo modelo en un año. El plazo venció y no hubo tal. Pedro Sánchez le sucedió en la Moncloa en junio de 2018 y una de sus primeras ideas fue aparcar la reforma de la financiación alegando que no se daba una coyuntura parlamentaria para intentarlo.
Sánchez convenció a los dirigentes valencianos del Consell, pero no a los socios de Compromís, especialmente duros. «Los valencianos y valencianas estamos hartos de que cuando llegan elecciones los candidatos del bipartidismo desde Madrid prometen fórmulas para solucionar el problema de la financiación y después se olvidan por completo», dijo Fran Ferri.
El presidente de la patronal valenciana (CEV), Salvador Navarro, calificó la propuesta de «medida electoralista más». La realidad, añadió en declaraciones a Levante-EMV, es que los ciudadanos de esta comunidad «seguimos, con unos gobiernos u otros, exactamente igual que cuando la plataforma de la financiación cogió la bandera».
Para el secretario general de UGT-PV, Ismael Sáez, un pacto de Estado es una solución «lógica», pero «es tarde para la C. Valenciana dada nuestra urgencia». Arturo León (CC OO) insistió en que no caben más demoras y se debe condonar parte de la deuda histórica.
