El sistema de alertas tempranas para detectar las malas prácticas en la Generalitat, un proyecto estrella impulsado por el departamento de Transparencia, podría acabar dando disgustos a los gestores públicos. De momento, en el escaso tiempo que lleva en vigor (la ley se aprobó en noviembre de 2018, aunque se activó en febrero de 2019) la evaluación inicial de sus resultados revela que la práctica de trocear contratos por una misma unidad administrativa y con la misma finalidad, empresa y ejercicio sigue ocurriendo. Y es más, parte queda oculto a los ojos de los órganos de control interno. Esta es una de las conclusiones que se extrae del informe anual de evaluación del Plan General de la Inspección de Servicios de los años 2018 y 2019, el último de la legislatura del Botànic.
El documento da cuenta de la intensa actividad de este organismo de control adscrito al departamento de Transparencia y que ha sido reforzado estos años. El plan incluía toda una serie de actuaciones para comprobar el correcto funcionamiento de los servicios y vigilar la aplicación de la normativa en distintas áreas de gestión, como la contratación de personal, las adjudicaciones, etc. Varias actuaciones (ordinarias y extraordinarias) han puesto el foco en el sector público.
La Inspección incluyó también en su plan de acción una evaluación del sistema de alertas que se centra en la contratación, por ser el área donde más disponibilidad de datos existe.
Informes de la Sindicatura
El sistema de alertas, que se basa en un complejo programa informático de cruce de datos, ha venido a confirmar las conclusiones reflejadas en varios informes de la Sindicatura de Comptes y la Intervención General de la Generalitat, que han venido reflejando indicios de fraccionamiento contractual en adquisiciones efectuadas del mismo objeto y proveedor por importes superiores al umbral máximo permitido.
Se puso el foco en los contratos menores (aquellos que por no superar determinado importe se adjudican de forma directa; es decir, sin concurso público) para detectar los posibles fraccionamientos. En su revisión (que incluye desde los años 2013 a 2018), se cifró en 81 millones el gasto medio anual en contratos menores. La Inspección hace notar que métodos alternativos a los contratos menores podría suponer un ahorro del 10 %, unos 2,3 millones de euros anuales.
La Inspección admite que los ahorros podrían ser superiores ya que «no todos los contratos menores obligados por la normativa se están incluyendo en el Registro Oficial de Contratos (ROF) de la Generalitat y, por lo tanto, no están computados en los informes de fraccionamiento que obtiene el sistema». El informe apunta, entre otros, a las compras por caja fija y, en concreto, a Sanidad.
El informe revela que el ROF es consciente de dicha ocultación, por lo que se concluye que «el volumen de fraccionamiento puede ser significativamente superior al calculado». De ahí que se insta en la necesidad de evitar al máximo la contratación menor.
