Un inspector de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) asestó ayer un duro golpe a las tesis de las defensas en la instrucción por las presuntas irregularidades en la organización de la visita del papa a València de 2006.

El funcionario, que declaró como perito, defendió durante las seis horas que se prolongó su comparecencia que la Fundación V Encuentro Mundial de las Familias (Fvemf) aunque fuera originalmente de naturaleza privada debía considerarse pública porque se financió de fondos públicos, según confirman a Levante-EMV fuentes conocedoras de su declaración. El NUMA (número de agencia) como también se conoce a estos funcionarios de la AEAT también confirmó el descontrol detectado en la contabilidad de la fundación creada para organizar la visita papal con datos «que faltaban» o, incluso, falseados.

La declaración del funcionario tributario avala la tesis de la Fiscalía Anticorrupción de que la Fvemf debía someterse a la ley de contratos de las administraciones públicas al licitar los contratos de obras necesarios para organizar la visita papal. En el transcurso de esta investigación, el Juzgado de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional encargó a la Intervención General del Estado (IGAE) un informe sobre las contrataciones realizadas por la fundación papal que es el que alertó sobre el incumplimiento masivo de la ley de contratos. «En consideración a la naturaleza jurídica de la fundación y al montante del importe de los servicios contratados se habría incumplido la normativa reguladora, con vulneración de los principios de publicidad, concurrencia, objetividad y transparencia», señalaba.

Y este será el principal caballo de batalla de las defensas en esta causa: dirimir si la Fvemf era pública o privada. Los investigadores se decantan por la primera opción. Por dos motivos: la fundación se constituyó con capital mayoritario público (Arzobispado, Generalitat, Ayuntamiento y Diputación de València pagaron 10.000 euros cada uno).

También recurrió a las arcas públicas de las tres instituciones públicas afectadas sin escatimar recursos. Y fue liquidada con aportaciones de capital de la Generalitat para hacer frente a las deudas aún pendientes en 2010 y 2014. Las defensas, sin embargo, consideran que una irregularidad administrativa (si la hubiera) no cabe transponerla automáticamente al derecho penal.