Transición energética, movilidad sostenible, protección y desarrollo del territorio, generación de trabajo de calidad y recuperación de los servicios públicos. Sobre esos cinco ejes pivota la «nova transició verda» que propugna la candidatura Unides-Podem, y que ayer presentó el candidato a la Generalitat, Rubén Martínez Dalmau.

En el escenario del Parc Central, Dalmau estuvo escoltado por los candidatos autonómicos Rosa Pérez Garijo, Beatriu Gascó, Ferran Martínez y la última incorporación, Julià Àlvaro, que no dejaba escapar la ocasión para lanzar un recado a sus antiguos compañeros de gobierno del Botànic.

El exsecretario autonómico de Medi Ambient, destituido en febrero de 2018, señalaba: «No es suficiente con ponerle un nombre muy sonoro a la conselleria y que pasen cuatro años y no hacer nada».

Entre las propuestas de Unides Podem-Esquerra Unida, la aprobación de una ley de energía y cambio climático que posibilite para el año 2050 el cien por ciento de la demanda energética a través de fuentes nuevas, renovables y sin emisiones, tal como apuntaba Àlvaro.

Otra sería la creación de una entidad pública valenciana de transportes que implemente y gestione la red de transporte público de la Comunitat Valenciana de manera unitaria en todo el territorio. «Cuatro mil personas mueren por contaminación atmosférica al año en el País Valencià», comentaba Àlvaro.

También pretenden poner en marcha el programa «Pobles Vius» para garantizar el acceso de la población rural a los servicios públicos fundamentales, la mejora de las infraestructuras de transporte y la financiación de proyectos empresariales vinculados al territorio.

Otro aspecto en el que ayer incidieron fue en un plan de regreso de investigadores, como enfatizaba Ferran Martínez, con un aumento de becas universitarias y para Formación Profesional vinculadas a actividades de I+D+I.

En la recuperación de la gestión pública del ciclo del agua puso especial énfasis Beatriu Gascó, poniendo como ejemplo de reversión «el modelo Alzira» para extender a los servicios privatizados en sanidad y en atención a las personas mayores, «así como establecer por ley la subsidiariedad de los conciertos educativos». «El sector público ha de ser el motor», insistía Gascó, quien aprovechaba para recordar que la ley de residuos, interrumplida en el último momento por la convocatoria de elecciones «habrá que retomarla».