Jairo tiene 4 años y no va al colegio. Este debería ser su segundo año en el «cole de mayores» pero está sin escolarizar. Su familia decidió que se quedara en casa porque «nos mandaron fuera de nuestro pueblo, a un aula CyL (Comunicación y Lenguaje) pero se quedó sin plaza y en el aula ordinaria no tenía asegurada ni la educadora a tiempo completo, solo algunas horas. El año que viene queremos matricularlo en el colegio público de nuestro pueblo, Estivella, pero siempre que reciba los apoyos educativos necesarios. El colegio nos apoya, pero falta que la Conselleria de Educación envíe los recursos que precisa Jairo», explica Elena Correger, su madre. Jairo tiene diagnóstico, pero lo tiene porque su familia ha pagado 500 euros. De la Sanidad pública aún no lo han llamado para realizar el pertinente diagnóstico, que es la base. Y eso que pidieron la cita hace dos años.
Elena reconoce que se sintió «aliviada» cuando la pediatra le dijo que su hijo tenía TEA. Lo que critica son las formas. «Tienes que aceptar que tu hijo tiene autismo y ya está». Tiene la frase grabada a fuego. La familia abrió una cuenta -en la que cada uno aporta lo que puede- y buscó recursos privados inmediatamente, mientras esperaba la respuesta del sistema público que contestó hace un año y medio para enviarle a un centro de atención temprana, donde recibe una hora y media de terapia a la semana (la recomendación médica era de 4 a 6 horas semanales). Este centro tiene 35 plazas, pero acuden 70 niños. «Los políticos deberían pasar una semana con alguien con autismo para que sepan lo que es. En el papel todo queda muy bonito pero nuestra realidad es muy diferente», explica Elena, una mujer que dejó de trabajar para atender a su pequeño y que ahora estudia terapia ocupacional, precisamente, por y para Jairo.
