El organismo que dirige Joan Llinares hizo pública ayer la memoria del ejercicio de 2018, la segunda que redacta pero la primera que comprende un año completo desde su puesta en funcionamiento a mediados de 2017. En ella, un toque de atención a las Corts: «Sigue sin hacerse público el destino detallado de las subvenciones, lo que debería corregirse, ya que se trata de recursos públicos sobre los que debe recaer igual trato de transparencia y acceso a la información que al resto de administraciones públicas», señala el informe. Como ejemplo, en 2017 las Corts destinó 3,4 millones a PP, PSPV, Compromís, Cs y Podemos. Una cantidad que se repartió en función del número de diputados, pero a día de hoy sigue sin conocerse la cantidad que corresponde a cada partido ni en qué se invierten los fondos después.

En la misma memoria, Antifraude informa que se han recibido 180 denuncias a lo largo del año. El 13 % de ellas fueron presentadas por cargos políticos y la mayoría de ellas se produjeron en administraciones locales por gestión de personal y contratación pública. Hubo 21 peticiones de protección por parte de funcionarios, y dos de ellos despedidos.

De las 180 denuncias, 52 de ellas se produjeron en el ámbito de la Generalitat, 81 en los ayuntamientos, 16 en las diputaciones, 9 en las empresas públicas que tutela el Consell y 2 en las Corts. En ninguna de esas denuncias se acabó por sancionar a la administración pero si se advirtió con la posibilidad de hacerlo. Por procedencia, 96 fueron presentadas en la provincia de Valencia, 34 en Alicante y 21 en Castellón.

En general, la Agencia Antifraude abrió expediente durante 2018 un total de 21 solicitudes, fundamentalmente de funcionarios públicos, de las que admitió 14 y seis están pendientes de resolución. No admitió una por estar relacionada con la administración de justicia que no entra en su ámbito de actuación. El organismo constató en todos los casos que los afectados sufrían represalias como consecuencia de haber denunciado o tenían miedo de tenerlas en un periodo breve.

De las 180 denuncias, explica el informe, el 34% tienen que ver con la gestión de personal y el 29% con la contratación pública. El resto corresponden a subvenciones, al uso indebido de recursos públicos, urbanismo o medio ambiente y gestión de activos o patrimonio. La mitad de los denunciantes lo hicieron de forma anónima.