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Análisis

El Botànic y las reversiones: un trabajo a medias

Montón y Puig pusieron el listón alto: devolver a lo público dos áreas de salud y las resonancias en solo cuatro años. No han llegado a tiempo.

El área de salud de Alzira, la primera, Dénia después y, entre medias, el servicio de resonancias. Ese era el plan trazado por la consellera de Sanidad, Carmen Montón, para llevar a cabo el encargo político de poner a la gestión pública por delante en una sanidad, la valenciana, que había sido pionera precisamente en todo lo contrario: construir hospitales de forma privada a cambio de ceder la gestión, el llamado modelo Alzira.

Montón, recién ganada la Generalitat por el Pacte del Botànic, añadía así un ingente trabajo a una cartera que, ya de por sí, acumula problemas día sí y día también. Con el paso de los meses, el plan de Montón se ha quedado en el arranque: la única reversión que el Botànic ha podido completar en estos cuatro años ha sido la de Alzira; la de las resonancias está avanzada aunque aún con muchos agujeros y dudas y la promesa del president Ximo Puig de revertir también a lo público el área de Dénia se ha estrellado de forma estrepitosa ante la falta de acuerdos con la concesionaria.

Cierto es que ni Montón ni después Ana Barceló tenían por delante una empresa fácil: Nunca se había dejado en manos de una empresa privada la gestión completa de un hospital ni de un área de salud de 255.000 almas y nunca, por supuesto, se había desandado el camino. La conselleria tenía un plazo límite: el 1 de abril de 2018 y con esa fecha se pusieron a trabajar con 18 meses de adelanto. Así, año y medio antes anunciaron a la empresa que no se iba a ir a la prórroga que prevé el contrato e iniciaban un largo y farragoso proceso administrativo de transferencia de documentación que estuvo salpicado de recursos, denuncias en los juzgados, tensión política y mediática mientras los trabajadores asistían al espectáculo con más incertidumbres que certezas.

Ribera Salud, gestora durante más de quince años del departamento de salud -de hecho era su principal vía de negocio- no dio su brazo a torcer y peleó (y sigue peleando) por justificar que su forma de gestión era más eficaz y que la decisión de Montón era solo política y, por ello, inválida.

La conselleria se tuvo incluso que «inventar» la manera de subrogar al personal bajo una figura jurídica, la de personal laboral a extinguir cuyos efectos a largo plazo aún están por ver. A la plantilla indefinida se le prometió un trasvase pacífico y una permanencia en sus puestos sine die ya que esas plazas no podían salir a concurso. Si esa promesa se mantiene, pasarán varios lustros hasta que la plantilla de la Ribera vuelva a estar completamente formada por personal estatutario ya que solo de podrían renovar aquellos puestos en los que su titular se jubile.

Hecho lo más difícil, lo que nunca se había hecho, la conselleria se lanzó a intentarlo también con Dénia empujados, sobre todo, por las quejas sobre el mal funcionamiento del área de salud tanto de pacientes como de representantes políticos de la zona, algo que en Alzira, no había sucedido. Lo diferente de los puntos de partida ha tenido un reflejo directo en el resultado después de estos dos años de intentona.

En la Ribera el Consell jugaba con la baza del fin del contrato. En Dénia, sin embargo, DKV y Ribera Salud tienen la concesión hasta febrero de 2024 por lo que la única opción era asumir una «compra» de acciones para la que tampoco había precedentes. Además, Ribera Salud no iba a dejar perder una segunda concesión en solo cuatro años. Como socios minoritarios -tienen el 35 % de la UTE Marina Salud- han venido peleando por su derecho de tanteo y retracto si DKV vendía e incluso han puesto sobre la mesa la posibilidad de dejar hacer al Consell en Dénia a cambio de que se firmara un acuerdo para prorrogar su gestión en las otras dos áreas de salud que aún controlan al 100 %: Torrevieja, cuyo contrato expira en octubre de 2021 y Elx-Crevillent, que termina en junio de 2025.

No se ha tenido que ver el Consell en esta situación ya que, de entrada, los números puestos sobre la mesa a DKV no han cuajado y la aseguradora, en tiempo de descuento para las elecciones, ha preferido dejar pasar un acuerdo de mínimos con futuro dudoso.

Tampoco el Consell ha podido «redondear» la jugada de la reversión del servicio de resonancias, largamente anunciado y que tenía, como Alzira, fecha de caducidad: octubre de 2018. La fecha llegó pero la administración no tenía preparada ni la subrogación de profesionales (se ha venido debatiendo durante meses sobre si la figura jurídica empleada en la Ribera debía o no de volver a utilizarse); ni las máquinas para poder seguir operando con fluidez (donadas por el magnate de Zara, Amancio Ortega) ni el plan B para encargar fuera el sobrante de pruebas que no se pudiera hacer por si, el cambio del sistema de trabajo de la privada a la pública engrosaba unas listas de espera para pruebas diagnóstica ya de por sí abultadas.

Este es el dispar resultado que el tándem Montón-Barceló deja tras cuatro años intentando sacar el «beneficio económico» de la ecuación, como decía Montón. Un trabajo a medias cuya continuidad se encuentra en las urnas.

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