«Si en los próximos días no hay acuerdo porque las empresas concesionarias siguen enrocándose en sus posiciones, comenzaremos el proceso de rescate». Con estas palabras, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, anunció ayer la inminente reversión del Departamento de Salud de La Marina al sistema público antes de las elecciones autonómicas del 28 de abril, una amenaza que el Consell ha intensificado este fin de semana después de meses de advertencias. Puig intervino en el marco de la jornada «La Sanidad como garantía de igualdad» organizada por el PSPV-PSOE, acompañado por la consellera de Sanidad y cabeza de lista por Alicante a las Corts, Ana Barceló, y por la prestigiosa investigadora oncológica Anna Lluch.
El jefe del Consell recalcó que todavía se mantienen «negociaciones abiertas» con la gestora privada del servicio comarcal, si bien hasta ahora las cantidades que se han puesto encima de la mesa no han sido aceptadas por la UTE concesionaria. Puig incidió en la necesidad de que estas conversaciones terminen con un acuerdo «en los próximos días» ya que, de no ser así, «el Departamento de La Marina será rescatado» . El objetivo, según éste, es dar respuesta a «un compromiso» para «mejorar la gestión y la atención a los pacientes», atendiendo al mismo tiempo «la demanda de colectivos y ayuntamientos» en la comarca.
El presidente aclaró que «el diálogo siempre es mejor que un espacio de conflicto», pero hizo hincapié en que las exigencias económicas de las empresas gestoras no son asumibles para la Generalitat. En caso de que estas sociedades «vayan más allá de la lógica», Puig insistió en que la Generalitat «está en todo su derecho» de iniciar el rescate de la concesión.
El Área de Salud de la Marina, cuyo contrato de concesión expira en 2024, está gestionado por la Unión Temporal de Empresas formada por DKV, que posee el 65 % de las acciones, y Ribera Salud, con el 35 % de las mismas. El Hospital de Dénia es el buque insignia del Departamento.
Bandera de la sanidad pública
En clave de balance, el presidente defendió la «reparación y recuperación de derechos» en el ámbito sanitario durante esta legislatura, con un aumento del 20 % en el presupuesto autonómico de Sanidad, «más de 1.000 millones de euros más que con el PP», dijo. Puig incidió en que más de 32.500 personas han vuelto al sistema tras la aprobación de la universalidad de la sanidad, 1,2 millones de personas no pagan copagos y 15.000 enfermos de Hepatits C pudieron acceder al tratamiento porque la Generalitat pagó el medicamento».
El también secretario general del PSPV admitió en cualquier caso algunas asignaturas pendientes, como la necesidad de «superar las listas de espera».
Por su parte, la catedrática de la Universitat de València y oncóloga Ana Lluch, puso en valor la importancia de la investigación para dar «calidad a la atención» y llamó a luchar «para conservar la sanidad pública y no bajar nunca la guardia». La consellera de Sanitat, Ana Barceló, dijo que el PSPV «defiende la sanidad pública como una forma de garantizar la igualdad», a tiempo que ensalzó la recuperación de los departamentos de salud que estaban en manos privadas con «la multiplicación de la inversión pública y el aumento del personal mediante la convocatoria de plazas de empleo público».
