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La Generalitat dejaría de ingresar más de 960 millones con la rebaja fiscal de Bonig

Casado debería compensar con más de 200 millones al Consell si el Gobierno elimina el impuesto de actos jurídicos documentados

La Generalitat dejaría de ingresar más de 960 millones con la rebaja fiscal de Bonig

La «revolución» fiscal que prometen el candidato del PP a la presidencia del Gobierno, Pablo Casado, y la líder del partido en la Comunitat Valenciana, Isabel Bonig, tendría, de aplicarse, un importante impacto en las ya de por sí maltrechas arcas autonómicas. La Generalitat dejaría de ingresar cada año más de 960 millones de euros si la recaudación dejara de contar con los cinco impuestos que el PP valenciano propone eliminar o reducir por considerarlos injustos para las familias: patrimonio, donaciones, sucesiones, tributos medioambientales y transmisiones patrimoniales. El importe sería mayor si se suma la rebaja del tramo autonómico propuesta por Bonig, que, sin detalles concretos, resulta difícil de cuantificar.

Los populares están haciendo de la reforma fiscal uno de los pilares de su campaña electoral, una estrategia compartida tanto en la campaña nacional como autonómica. La candidata Bonig lleva tiempo diciendo que lo primero que hará si es elegida presidenta es eliminar el impuesto de patrimonio, el tributo que grava las grandes fortunas y que durante la etapa popular estuvo bonificado. El sábado, en un acto con el presidente de Andalucía, Juanma Moreno, dio más detalles de su revolución fiscal y habló de eliminar, junto a Patrimonio, los impuestos de donaciones y sucesiones (que gravan las herencias), así como de rebajar del 10 al 6 % el porcentaje impositivo para las transmisiones patrimoniales.

Esta última es una herramienta recaudatoria clave hasta el punto de que, en los años del «boom» inmobiliario, se convirtió en la principal fuente de ingresos de la Generalitat. El año pasado, las arcas autonómicas proyectaban recaudar cerca de 1.000 millones de euros por dicha vía, que ha cobrado especial importancia en el presupuesto de 2019 a raíz de la reactivación del mercado del ladrillo. Tal es así que, este año, el Consell prevé ingresar 1.256 millones de euros. La rebaja del tipo impositivo del 10 al 6 supondría una disminución del 40 % de la recaudación, por lo que sobre el papel se produciría una reducción de ingresos de 502 millones.

Por otro lado, Hacienda recaudó 161 millones en 2018 por la vía del impuesto de Patrimonio (que grava las grandes fortunas), 19 millones por el de sucesiones y un total de 253 millones por el de donaciones. Este año se recaudarán 28 millones por los impuestos verdes. De esta manera, los planes del PPCV para reactivar la economía supondrían una merma de más de 963 millones, solo por las modificaciones de estos cinco impuestos de carácter estatal cuyos ingresos están cedidos a las comunidades autónomas.

Casado ha hablado también de liquidar los tributos de patrimonio, sucesiones y donaciones y, aunque no ha hecho referencia al de transmisiones patrimoniales, sí a otro que está muy relacionado con éste: el que grava los actos jurídicos documentados. Este impuesto, relacionado con la compra de vivienda nueva cuando se formaliza la hipoteca, estuvo en el centro del huracán tras la decisión del Supremo de que siguiera siendo abonado por el cliente y no por el banco. Casado ha dicho que quiere suprimirlo, una medida que también generaría un impacto negativo para las arcas autonómicas: en 2018 la Generalitat recaudó por esta vía 269 millones.

La incógnita de la compensación

Con todo, hay una diferencia clave. Si es Casado (en el supuesto de que gobernara) el que ejecuta la supresión del citado impuesto (o de otro de carácter estatal), por la ley de financiación está obligado a compensar a la Generalitat. Si la reforma la asume Bonig al margen del Gobierno, en cambio, se podría hablar de un agujero en las cuentas que el Consell tendría que compensar de alguna manera.

Bonig, durante la presentación de su programa electoral, hizo hincapié en que es tan importante reducir los impuestos como los gastos y aseguró que el Botànic ha despilfarrado en personal y creado «agencias y chiringuitos» innecesarios. Sin embargo, al menos de momento, el PPCV no ha especificado cómo haría frente a una reducción de ingresos de ese calibre.

La izquierda, por su parte, tilda de «populista» la propuesta fiscal de Casado porque, a su juicio, beneficia a quienes más tienen y no a las rentas medias y pobres. El PP, en cambio, considera que bajar impuestos es una vía para reactivar el consumo y la economía.

En la Comunitat Valenciana prescindir de 900 millones cada año se antoja complicado, sobre todo teniendo en cuenta la actual asfixia económica fruto del modelo de financiación. El Botànic incluye cada año en sus presupuestos una partida en concepto de infrafinanciación por valor de 1.300 millones de euros que el PP tacha de «ficticia» porque nunca llega y que sirve para cuadrar gastos.

Los populares también quieren rebajar el 7 % del tramo autonómico del IRPF para los ingresos anuales inferiores a 35.000 euros al año, así como reducirlo para todas las familias que tengan o adopten un hijo. Fuentes tributarias señalan la dificultad de calcular el impacto de estas medidas fiscales, ya que faltan detalles de la propuesta y los datos del IRPF están en poder de la Agencia Tributaria.

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