El abogado José María Corbin Navarrete ha sido en los últimos años el ariete contra el caso Taula, la macrocausa judicial que investiga el pago de mordidas y comisiones en el Ayuntamiento de València y el presunto pitufeo supuestamente cometido por el grupo municipal popular. Una causa en la que llegó a estar preimputada su cuñada, Rita Barberá, que falleció tras declarar ante el Tribunal Supremo y antes de que se decidiera si su imputación seguía adelante. Y una causa en la que está personado Corbín como defensor de la «alter ego» de Rita Barberá, la secretaria del grupo municipal popular Mari Carmen García-Fuster González-Alegre, presunta administradora de la «caja B» que manejaban los populares durante las campañas electorales de 2007, 2011 y 2015.
Aunque además de defender los intereses de su patrocinada, y una de las protagonistas principales de esta causa, también se erigió en coordinador y auspiciador de la estrategia conjunta de media docena de abogados defensores de una veintena de investigados, bautizados por los periodistas como el «comando Corbín». Un pequeño ejército que ha intentado desde el minuto cero derribar una de las claves de bóvedas en la que se fundamentaba la pieza del pitufeo del caso Taula: la grabación que la Guardia Civil hizo a la exconcejala Maria José Alcón, en la que ésta explica a su hijo la mecánica del pitufeo, o blanqueo de capitales en cantidades pequeñas. «Yo les tenía que hacer una transferencia legal, de... de mi cuenta... Para blanquear dinero vamos, corrupción política total...». En la Fiscalía Anticorrupción también habían recibido un anónimo que denunciaba el presunto blanqueo cometido por el medio centenar de concejales, exediles y asesores del grupo municipal popular para las elecciones de 2015.
El «comando Corbín» inundó de recursos el Juzgado de Instrucción 18 para intentar acceder a la grabación completa de la grabación realizada por la Guardia Civil el 15 de abril de 2015 (un día después de haber sido autorizada por el magistrado del caso Taula). Un detalle que siempre quisieron rodear de sospecha y que les llevó a considerar «falsa» la grabación.
Perito militante de Fuerza Nueva
En su afán por invalidar esta prueba los letrados, comandados por José María Corbín, contrataron a un perito informático. Un experto que resultó ser un ultra condenado por asesinato en 1980. El nombre del experto se mantuvo en secreto hasta el mismo día de la pericial, que debía realizarse en el Juzgado de Instrucción 18. Se trataba de Luis Enrique Hellín Moro, un ultraderechista, militante de Fuerza Nueva y miembro del Batallón vasco español condenado en 1980 por el asesinato de la joven Yolanda González Martín, una joven militante del Partido Socialista de los Trabajadores.
El perito llegó a examinar el compacto en el que estaba almacenada la grabación de Alcón y pudo comprobar la firma digital y la fecha de la grabación. El problema surgió cuando solicitó introducir el disco compacto en un ordenador propio con la excusa de que para acceder a los metadatos (datos informáticos sobre el autor del archivo y su creación) necesitaba analizar el CD con un programa instalado en su portátil.
Una acción a la que se negaron en redondo la Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de Instrucción 18, el Fiscal Anticorrupción y los abogados del Ayuntamiento de València y de la exconcejala Maria José Alcón ya que el CD incluía las grabaciones completas a Alcón (durante sesenta días) con multitud de conversaciones privadas, como advirtió el letrado de la exconcejala ya fallecida.
En ese trámite, el perito ya había presumido ante los presentes de haber sido monitor de cursos para la Guardia Civil. Todas las alarmas se encendieron cuando tras buscar la Fiscalía Anticorrupción referentes del informático forense. «A usted le han recusado muchas periciales», aseguraron fuentes presenciales que le espetó el Fiscal al perito. A lo que el abogado José María Corbín le espetó: «A usted también le han archivado muchos casos y también estamos aquí».
Catarata de recursos
Las defensas de los principales investigados por el pitufeo también presentaron otra catarata de recursos para intentar dejar sin efecto el auto de prórroga de la investigación que el magistrado del Juzgado de Instrucción 18, Víctor Gómez Saval, dictó el 21 de agosto de 2017. Seis días antes, el 15 de agosto, ya se habían cumplido los primeros 18 meses de instrucción que prevé la ley de enjuiciamiento criminal (Lecrim) para investigar las causas declaradas complejas. Por ello los investigados en esta pieza consideraban que el auto que prorrogó once meses más la investigación era nulo de pleno por «extemporáneo» y haberse dictado fuera de plazo.
Sin embargo la sección cuarta de la Audiencia de València frustró este intento de los acusados de anular todas las pesquisas que se hicieron tras acordar la prórroga de esta macrocausa de la que aún sigan abiertas las siete piezas separadas en las que se dividió para agilizar la instrucción, que ya se alarga tres años.
