La operación Azud, como han bautizado los agentes del grupo de delitos contra la administración de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil la investigación sobre el abogado José María Corbín, ha puesto la lupa sobre la última década de mandato de la exalcaldesa, Rita Barberá, al frente del Ayuntamiento de València, entre 2006 y 2015, según confirman varias fuentes conocedoras de los hechos a Levante-EMV.
Se trata de los dos últimos mandatos (y pico) en los que mientras Barberá acrecentaba su poder, alcanzaba su techo de votos y crecía su leyenda como «alcaldesa de España» -como la llegó a bautizar Mariano Rajoy-, su cuñado José María Corbín también aumentaba su cuenta de resultados en su despacho de abogados, presuntamente, a costa del supuesto cobro de comisiones como «mediador» en todo tipo de áreas del Ayuntamiento de València.
El despacho Corbín Abogados SL sería, como ayer contó Levante-EMV, la puerta de entrada a la contratación en el Ayuntamiento de València en todo tipo de áreas y de forma transversal, sin centrarse únicamente en el urbanismo. Y que supuestamen repartía favores, prebendas o aceleración de trámites entre los contratistas de la «Casa Gran», como se conoce al Ayuntamiento de València, previo pago de supuestas comisiones, como si fuera un dispensador de turnos de un supermercado.
Aunque por ahora sólo ha trascendido que los agentes de la UCO estuvieron ayer en la Central Operativa de Saneamiento (COS) «revisando documentación». Desde la COS se revisan todas las «estaciones de bombeo de aguas residuales y pluviales, las estaciones depuradoras de aguas residuales, los bombeos de pasos inferiores y las compuertas de derivación» además del alcantarillado de toda la ciudad. Un servicio que gestiona desde 2006 la unión temporal de empresas (UTE) Acciona Infraestructuras SA e Infilco Espanola SA. Al encontrarse la causa secreta, no ha trascendido si ambas empresas están investigadas en el caso Azud, aunque sí hay al menos cinco empresarios investigados, según la escasa información que ha trascendido hasta ahora.
La «operación Azud» que dirige el Juzgado de Instrucción 13 y la Fiscalía Anticorrupción de València junto a la UCO de la Guardia Civil investiga a los diez imputados por los presuntos delitos de cohecho, malversación y tráfico de influencias. de los delitos de falsedad y contra la Hacienda Pública.
Aunque fuentes de la investigación informaron a la agencia Efe que a Corbín y su socio y abogado Diego Elum, detenido el pasado martes, también se les acusa, además, de los delitos de cohecho, blanqueo de capitales y tráfico de influencias. Las comisiones cobradas por Corbín durante la década que se investiga podría alcanzar, e incluso superar, los cuatro millones de euros, como informó ayer Levante-EMV.
A mitad de la pasada década también se produce la conexión entre el abogado José María Corbín y la consultora de comunicación Laterne Product Council SL -desaparecida en 2011- y sospechosa de haber financiado ilegalmente al Partido Popular de la ciudad de València en las elecciones de 2007, en las que Barberá alcanzó su techo de voto: un total de 235.158 sufragios, el 56,67% del electorado.
Un éxito que, se ha sabido después, pudo lograr porque el PP de la ciudad de València concurrió dopado a las elecciones: declaró haberse gastado sólo 150.000 euros en la campaña electoral de 2007 cuando, en realidad, se gastó 2,5 millones de euros, según se desveló en la subpieza bautizada como Laterne dentro del caso Taula, que investiga el pago de comisiones en la Generalitat, el Ayuntamiento y la Diputación de València.
En la subpieza Laterne de la macrocausa Taula es donde aparece la figura del abogado Jose María Corbín como asesor jurídico de la empresa Product Management Council SL (PMC), constituida el 14 de diciembre de 2007. Esta mercantil, en la órbita de Laterne Product Council, se creó para «dedicarse a hacer varios proyectos de promoción de la ciudad». Aunque la «verdadera finalidad de PMC era la de concurrir conjuntamente a licitaciones públicas y así repartirse el mercado», previo pago de 150.000 euros por empresa (aunque alguna llegó a los 500.00 ?).
En esta aventura empresarial, que nunca llegó a fructificar en un proyecto concreto y ni siquiera concurrió a ningún concurso, se embarcaron algunos contratistas del Ayuntamiento de València que sí abonaron el peaje que, posteriormente, alguno consideró «una estafa» o «una donación a fondo perdido» en sus declaraciones ante el juez. La creación de PMC se gestó en reuniones en despachos y hoteles entre el propietario de Laterne (Vicente Sáez Tormo), representantes de los contratistas, José María Corbín y el entonces vicealcalde, Alfonso Grau.
