El misterio de qué empresarios habrían resultado salpicados por el caso Azud que investiga el presunto pago de comisiones al cuñado de Rita Barberá se resolvió ayer, en parte. Dos de los principales contratistas del Ayuntamiento de València comparecieron a primera hora de la tarde de ayer ante los agentes del grupo de delitos contra la administración de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Se trata de Vicente Prieto, antiguo propietario de la mercantil Secopsa, y de Carlos Turró, presidente de Cleop. Ambos acudieron a las 15.40 y las 16.35 horas, respectivamente, a la Comandancia de la Guardia Civil del barrio de Patraix. Su estancia en el edificio de la calle Calamocha no se prolongó más allá de veinte o treinta minutos, por lo que los dos se acogieron probablemente a su derecho a no declarar. Una postura habitual entre las personas investigadas en sumarios en los que se ha decretado secreto del sumario incluido para las partes. Prieto y Turró abandonaron el cuartel de la Guardia Civil sin hacer declaraciones a los numerosos periodistas que les esperaban a la puerta.

Testigos en la subpieza Laterne

Ambos empresarios ya tuvieron que declarar por la subpieza Laterne del caso Taula que investiga las donaciones de una docena de empresas a la consultora Laterne Product Council, responsable de la campaña electoral del PP de València ciudad en 2007, que supuestamente se financió de forma ilegal con las aportaciones empresariales que alcanzaron los 2,6 millones de euros. Aunque en esta causa sólo comparecieron como testigos ya que, debido al tiempo transcurrido, estos hechos ya habían prescrito para los empresarios, pero no para los políticos que orquestaron este dopaje electoral (presuntamente Alfonso Grau y Mari Carmen García-Fuster) que sí están investigados por delito electoral. Precisamente García-Fuster, la alterego de Rita Barberá y administradora del grupo municipal popular de València estaba defendida por José María Corbín en el caso Taula.

El empresario Carlos Turró sí suma una nueva imputación ya que aparece investigado en varias piezas separadas del caso Taula por el presunto pago de comisiones para obtener adjudicaciones en la concejalía de Cultura de València, la empresa pública responsable de la construcción de colegios Ciegsa y la Diputación de València. Turró también fue el adjudicatario de la grúa municipal de València.