La Conselleria de Sanidad ha iniciado, de urgencia, los trámites para aprobar cuanto antes los nuevos decretos que equiparan por fin a los trabajadores interinos y a los fijos en el cobro del complemento por carrera profesional tal como establecen las leyes europeas y distintos pronunciamientos judiciales, entre ellos el del Tribunal Supremo. Hasta ahora solo aquellos trabajadores que habían acudido a los tribunales y les habían dado la razón estaban cobrando este complemento (que reconoce tiempo trabajado pero también formación e investigación) y que puede llegar a suponer entre 6.000 y 10.000 euros anuales según categoría.
El texto propuesto por Sanidad está siendo, sin embargo, duramente contestado por los sindicatos que ya mostraron su rechazo durante las negociaciones en mesa sectorial.
Y es que las organizaciones sindicales del área de salud consideran que la Conselleria de Sanidad está obviando el mandato de «equiparación» dado por el Tribunal Supremo al incluir una distinción entre los interinos que podrán acceder o no al complemento: todos tendrán que acreditar haber trabajado al menos cinco años como en el resto de funcionariado interino de la Generalitat pero Sanidad pide, además, que hayan sido de forma «continuada» y con una interrupción «máxima» entre contratos «inferior a cuatro meses».
Así aparece en los proyectos de decreto que ahora están en exposición pública y que según varios sindicatos estarían desoyendo ese ánimo de equiparación «en igualdad de condiciones» de las leyes europeas y la sentencia del Supremo entre personal fijo y eventual. Así lo considera, por ejemplo, Rosa Atiénzar, secretaria general de la Federación de Sanidad de Comisiones Obreras, sindicato mayoritario ahora en la sanidad pública. «Entendemos y por eso votamos el texto en contra en la mesa que el Supremo no marcaba diferencias ni debería haber discriminaciones con respecto a los fijos ni entre los eventuales», asegura Atiénzar, posición que compartía Jesús García, de la sección de salud de UGT.
Desde el sindicato Satse, que también votó en contra en mesa sectorial el texto, se adelantaba que estaban analizando la última sentencia del Tribunal Supremo para ver en qué condiciones se podía interpretar al respecto de esta «discriminación temporal». «Podrían ser totalmente equiparables en el encuadramiento inicial pero tener que contar estos cuatro meses para la progresión posterior de la carrera profesional, lo estamos estudiando», apuntó la secretaria autonómica, Mª Luz Gascó.
Las «dudas» sindicales sobre esta condición temporal aumentan tras reconocer la administración sanitaria que el motivo de introducir esta limitación es económico y que, de hecho, ésta desaparecerá a partir del 1 de enero de 2022, tal como prevé la disposición final segunda del proyecto de decreto de Sanidad.
De hecho, en el preámbulo del texto normativo se apunta que en 2022 habrá menos personal en esta situación.. «A nadie se oculta que el alto porcentaje de personal temporal en las plantillas de nuestras instituciones en el momento actual se debe a la ausencia de convocatorias de ingreso durante bastantes años (...) Ello ha propiciado la existencia de personal temporal con vinculaciones muy prolongadas (...) para la fecha reseñada es de esperar que, como efecto de los procesos de ingreso en marcha y los previstos, el procentaje de personal temporal se haya normalizado a tasas aceptables», recoge el texto.
Según los sindicatos, la administración llegó a poner precio a esa «discriminación» de personal temporal: 12 millones de euros que ahora no se podían asumir de ahí que se aplicara este límite temporal restrictivo de aquí a enero de 2022 que podría ser recurrido.
