La corrupción, siempre presunta hasta que un fallo judicial dictamine lo contrario, hace años que dejó el mundo analógico (los sempiternos sobres) para beneficiarse del mundo 2.0 de la facturación falsa y las empresas pantalla que se crean a golpe de clic. Ya lo advertía un inspector de la UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal) de la Policía en una conferencia que ofreció en València. «Antes se entregaba el dinero en metálico, pero ahora casi todos los actos de corrupción son con facturas. Y la factura tiene otra ventaja para el corruptor, es un coste que se deduce de sus beneficios en el impuesto sobre sociedades, por lo que tiene una doble ventaja que antes no ocurría».
Ya se ha visto en el caso Erial donde, siempre presuntamente, los clanes Zaplana y Cotino cobraban y pagaban, respectivamente, supuestas mordidas a través de sociedades interpuestas y empresas pantalla que pagaban religiosamente sus impuestos. Para aparentar normalidad y que los sabuesos de la Agencia Tributaria no detecten problemas. La facturación falsa también era la especialidad de la Gürtel. A través de trabajos ficticios que pagaban algunas de las principales contratistas de obra pública valencianas, el PP de la Comunitat Valenciana pudo financiar la campaña electoral de 2007, según sentenció la Audiencia Nacional, fallo que aún debe ratificar el Supremo.
Media docena de contratistas
Y a las facturas falsas recurrió también presuntamente el abogado José María Corbín para cobrar el supuesto peaje que recibió de, al menos, media docena de empresas contratistas del Ayuntamiento de València que supuestamente utilizaron sus «servicios» de mediador para conseguir o afianzar contrataciones, según ha podido saber Levante-EMV de fuentes conocedoras de los hechos. Era supuestamente el «modus operandi» del letrado encarcelado desde el pasado jueves, por decisión de la magistrada del Juzgado de Instrucción 13 de València, a petición de la Fiscalía Anticorrupción.
Aunque fue precisamente la abultada facturación del despacho de Corbín, equiparable a la de los grandes despachos de la Abogacía, desde 2006 y su caída en picado tras perder el PP la alcaldía de València lo que llamó la atención de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria cuya denuncia está en el origen de la investigación del caso Azud.
La causa sigue -y seguirá- bajo secreto del sumario por lo que los detalles de todas las empresas que recurrieron a las supuestas «mediaciones» no se conocerán hasta entonces. Por ahora sólo ha trascendido el nombre de tres empresas: Acciona, Cleop y Secopsa. Los responsables de las dos últimas fueron citados el jueves a declarar en la comandancia por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil como «investigados no detenidos». También quedó en libertad tras declarar ante la jueza y el Fiscal Anticorrupción el presuntado colaborador de Corbín, el letrado Diego Elum, que está representando por el abogado Vicente Monzó. A Corbín lo defiende la letrada Ángela Coquillat, que también defendió a El Bigotes en el caso Fitur.
