La Conselleria de Medio Ambiente ha introducido el «céntimo forestal» en la Estrategia Valenciana de Cambio Climático y Energía como herramienta para preservar y mejorar los enclaves forestales, pero también para dinamizar el desarrollo del medio rural. Se trataría de una tasa finalista, bien sobre las emisiones a la atmósfera de la industria, la gasolina y el diésel, o por el consumo de papel. La recaudación obtenida iría al Fondo Forestal Valenciano, ya creado en la última modificación de la Ley Forestal 13/2018, y «encargado de regular los mecanismos y condiciones para incentivar las externalidades positivas y los beneficios ecosociales que proporcionan los montes ordenados». En todo caso, sería la conselleria de Agricultura y Medio Ambiente la encargada de gestionar el reparto de esa partida.
La medida está recogida en el documento que presentó el departamento de Elena Cebrián en marzo al pleno del Consell. Y habla de «poner en marcha el programa valenciano de pagos por servicios ambientales forestales para el fomento y financiación privada del suministro de externalidades positivas que produce el terreno forestal de la Comunitat Valenciana». Lo cierto es que el artículo 65 de la Ley de Montes 4/2003, de carácter estatal, ya contempla esos incentivos. Aunque se reconoce que los espacios forestales en España no son rentables, su contribución a la calidad de vida de la población «está contrastado». Su papel regulador en los ciclos del agua, o en la mitigación de inundaciones por las lluvias torrenciales - cada vez más frecuentes-, no lo discute nadie. Algo consustancial en la lucha contra la erosión del suelo, que en el caso de la zona mediterránea significa desertificación, tal como recogía en su último informe la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Según Joan Piquer, director general de Cambio Climático y Calidad Ambiental, «la normativa europea establece que ha de existir una relación directa entre lo que se grava y lo que se pretende incentivar», por lo que no podría destinarse a usos distintos a los medioambientales. Otro mecanismo para nutrir ese fondo podría ser vía transferencia del Estado, o con un sistema mixto. «Con la infrafinanciación que sufre la Comunitat Valenciana, casi todo el presupuesto va a educación, sanidad o servicios sociales, además de que veníamos de años de recortes brutales, pero se ha de buscar el mecanismo para afrontar el cambio climático y la desaparición del mundo rural», argumentaba Piquer. De ahí que sea una de las medidas de adaptación que se proponen en el ámbito de la biodiversidad «para favorecer los ecosistemas forestales, mejorando su calidad como sumideros». Se trata de una «compensación» de las zonas urbanas que contaminan hacia las que absorben el CO2. Algo que Canarias lleva tiempo estudiando y está cerca de implantar.
Numerosos defensores
El Colegio Oficial de Ingenieros de Montes ya hace años que viene defendiendo la creación de un Fondo Forestal Nacional con un presupuesto de 700 millones de euros que revierta, directamente, en la gestión, prevención y repoblación forestal, atendiendo a que se cobrara un céntimo por cada litro de combustible y cuatro por cada metro cúbico de agua para consumo doméstico. Es también una vieja reivindicación de la Plataforma Forestal Valenciana. «El valor que aportan los bosques como fijación de CO2, ciclo hidrológico, biodiversidad y paisaje, debe cuantificarse y compensarse mediante instrumentos de mercado», defiende la PFL.
