Tienen tres hijos pequeños (de 3, 4 y 7 años) y un plazo de cinco días para abandonar su vivienda, un diminuto piso en el barrio de la Fuensanta, en un tercero sin ascensor propiedad de un banco. Eso sí, cuando la sentencia sea firme. Por el momento, han recurrido el fallo y eso les ha permitido ganar algo de tiempo. Pero eso es pan para hoy y hambre para mañana. Y no tener techo con tres criaturas pequeñas son palabras mayores.

Esta familia de cinco miembros (Narcisa Moreno, Juan Carlos González y sus tres hijos) está acostumbrada a vivir con el cinturon apretado, ya que su principal ingreso durante años ha sido la pensión no contributiva del padre (392 euros) por un grado de discapacidad permanente del 70 %. Narcisa también tiene una discapacidad reconocida permanente del 45 %. Sin embargo, desde el mes de marzo ella, Narcisa, cobra la Renta Valenciana de Inclusión. Eso supone sumar 430 euros a la cuenta familiar, un total de 822 euros para los cinco. Piden, desesperados, una vivienda social, un alquiler «asequible» que precisan de forma inmediata porque el tiempo corre en contra. Ante la falta de vivienda pública, los servicios sociales del barrio, conocedores de su situación precaria y con tres menores, les instan a buscar un piso en el mercado libre, con el compromiso de que la Administración les ayudará a abonar los requisitos que piden (aval o meses por adelantado).

Pero la familia no encuentra vivienda. Narcisa muestra un folio donde anota lo «más barato» que ha encontrado: tres pisos por 500 euros al mes y otro por 480 euros «a consultar». No mienten. Estas cifras corroboran la información reciente de Levante-EMV que afirma una «escalada de precios del alquiler imparable que ya rozan los 600 euros de media en la Comunitat Valenciana». El mercado libre de alquiler para las familias vulnerables es inaccesible. En este caso, además, los propietarios particulares se muestran reacios a alquilar la vivienda a esta familia porque los seguros de impago no cubren ingresos que procedan de pensiones o ayudas, como es el caso. Se riza el rizo.

Esta familia tuvo un hogar hasta 2018. Vivían de alquiler en el piso de una mujer mayor que les cobraba 200 euros. La señora falleció en 2018 y en 25 días su familia vendió la vivienda. Empezaron la búsqueda de pisos «a precios imposibles» y les avisaron de una vivienda con un alquiler de 200 euros. Dos jóvenes les enseñaron el piso, de 60 metros cuadrados en una finca vieja y sin ascensor, en el barrio de la Fuensanta. La familia le pagó el mes por adelantado con el compromiso de firmar el contrato de alquiler el mes siguiente, cuando pasaran a cobrar el mes. No les han vuelto a ver.

Al poco tiempo de residir en su nueva casa les dejaron una nota en la puerta. Era de la comisaría de Abastos para comunicarles «un asunto de su interés», así que se personaron inmediatamente.

Y multa de 540 euros

Fue entonces cuando conocieron que el banco les había denunciado por «okupar» una vivienda, vacía, pero de su propiedad. El juicio se celebró el 12 de marzo y el 25 del mismo mes se conocía una sentencia que les condena a pagar una multa -3 euros al día para cada uno de los progenitores durante tres meses (540 euros)- y les obliga a desalojar la vivienda «dentro de los 5 días siguientes a la declaración de firmeza de la misma». La sentencia no recoge la existencia de menores en la vivienda ni la situación de vulnerabilidad en la que vive la familia.

El abogado de oficio que solicitó la familia recurrió la sentencia, pero Narcisa y su prole viven una situación angustiosa, con tres niños pequeños y un futuro incierto. Por eso han solicitado una vivienda social, un alquiler asequible (al ayuntamiento, a la conselleria al EVha...) pero la repuesta se repite: «No hay pisos disponibles». «En la sentencia consta que jamás hemos tenido un juicio, ni una denuncia. Somos pobres, pero somos gente de bien. Necesitamos un techo, solo pedimos eso. No nos importa donde, solo nos importa estar juntos y tener un sitio donde vivir», afirman. Juan Carlos se emociona. Narcisa le coge la mano. «No le deseo a nadie que pase por esto. Estamos enfermos, tenemos tres hijos pequeños. Ya no sabemos a quien pedir ayuda». Y las lágrimas asoman.