La sección quinta de la Audiencia de València acaba de decidir suspender el juicio del caso Blasco que debía comenzar esta mañana hasta el próximo 6 de mayo. Un tiempo "razonable" para que las defensas de los principales acusados pueden seguir intentando alcanzar un acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción por el que admitirían los hechos y evitarían el juicio, siempre que abonen las cantidades exigidas como responsabilidad civil por el dinero de las ayudas a la cooperación desviado o malversado.
La suspensión de las vistas se produce a petición de las defensas que, mayoritariamente, han solicitado el retraso del juicio ya que la previsión era alcanzar un acuerdo de conformidad y, por tanto, que no se celebraran las vistas.
Al inicio de la mañana, la Fiscalía Anticorrupción y la mayoría de las defensas también habían solicitado la suspensión del segundo juicio del caso Blasco o, al menos, la modificación del último calendario planteado por la sección quinta de la Audiencia de València y que preveía comenzar mañana con los interrogatorios de los 24 acusados. El Fiscal Anticorrupción ha asegurado, para justificar el retraso, que está "al borde del colapso" al haber asumido "la mayoría de causas" heredadas del anterior Fiscal Anticorrupción, Vicente Torres, que precisamente hoy inicia su nueva andadura como magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV). «Este es un trabajo de negros», ha llegado a asegurar el representante del Ministerio Público para justificar la elevada carga de trabajo que arrastra, complicada por la decisión de la sección quinta de la Audiencia de València de adelantar el calendario.
Las defensas de la mayoría de acusados se han adherido a la petición de la Fiscalía Anticorrupción, para que quede garantizado el derecho de defensa. E, incluso, para intentar cerrar la conformidad pactada por la Fiscalía Anticorrupción que evitaría la celebración del juicio.
El exconseller de Solidaridad Rafael Blasco ha llegado a las 9.30 horas a la Ciudad de la Justicia de València para asistir al segundo juicio por la malversación de las ayudas a la cooperación. Blasco ha sido recibido por los miembros de la coordinadora valenciana de organizaciones no gubernamentales para el desarrollo (Cvongd) al grito de "lladre" y reclamando que el dinero de la corrupción revierta en la cooperación.
Los miembros dela Cvongd han leído un manifiesto en el que condenan el desvío de cinco millones de ayudas a la cooperación por parte de la trama de veinticuatro personas que hoy se sentará en el banquillo de los acusados.
Segundo juicio por malversación
El segundo juicio del caso Blasco por la malversación de las ayudas a la cooperación llega hoy a la sección quinta de la Audiencia de València con muchos frentes abiertos. Las defensas intentan salvar a toda costa el acuerdo de conformidad alcanzado con el anterior fiscal anticorrupción del caso, Vicente Torres, que es magistrado del Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) desde el pasado viernes. Aunque en esta última fase del trayecto han tenido que vérselas con otro de los fiscales anticorrupción, Jesús Carrasco -que conoce bien la causa, porque participó en su instrucción y asistió al primer juicio- y que ha resultado ser una roca ante las posturas de las defensas de los principales acusados. De alcanzarse una conformidad, se evitaría el juicio, previsto hasta julio pero con opciones de prolongarse hasta septiembre.
Aunque la sombra de la suspensión también planea sobre la vista. El calendario pactado el 19 septiembre de 2018 retrasaba los interrogatorios de los 24 acusados a partir del 2 de mayo. Pero la coincidencia con otro juicio con jurado de uno de los letrados de las defensas provocó que los magistrados de la sección quinta decidieran adelantar a mañana martes el inicio de los interrogatorios a los acusados. Un adelanto que ha descolocado, de una parte, a los abogados que confiaban en alcanzar una conformidad y que no se llegara a celebrar el juicio. Y de otro, a acusaciones y defensas que han debido tener preparados los 24 interrogatorios en apenas quince días.
La sala rechaza los recursos
Acusaciones y defensas recurrieron esta decisión de la sección quinta de la Audiencia de València, que ha desestimado las alegaciones y sigue adelante con el último calendario previsto, según el decreto de la sala al que ha tenido acceso Levante-EMV. Así que cualquier puede suceder hoy en la sala Tirant, donde está previsto que comience el juicio contra Blasco y 23 acusados más. Aunque el siete veces conseller aspira a salvaguardar el acuerdo de conformidad alcanzado con la Fiscalía Anticorrupción el 5 de junio de 2018 en el que reconocía haber desviado ayudas a ONG y para el hospital de Haití que no se construyó, aceptaba hacer frente a la responsabilidad civil con la venta del inmueble de su propiedad en la Barraca d'Aigües Vives, cuya venta ya había comunicado al Tribunal de Cuentas y tenía encauzada, con un contrato de venta ya redactado.
Aunque esta propiedad ya estaba embargada por el Tribunal de Cuentas tras la primera sentencia del caso Blasco, cuya responsabilidad civil total a pagar entre todos los acusados condenados que eran funcionarios ascendía a un total de 2,7 millones.
Según el acuerdo alcanzado entre la defensa de Rafael Blasco y el anterior Fiscal Anticorrupción, el exconseller reconocía los delitos de malversación de caudales públicos, en concurso ideal con un delito continuado de prevaricación administrativa y falsedad documental, con la atenuante muy cualificada de confesión, por lo que sólo debería hacer frente a una pena de dos años y seis meses de cárcel y otros diez de inhabilitación.
Aunque al ya haber sido condenado en otra pieza separada de esta causa, el tiempo efectivo de cumplimiento de la sentencia se habría reducido a un año y seis meses (según lo previsto en el artículo 988.3 de la ley de enjuiciamiento criminal). La conformidad también preveía, en línea con lo que falló el Tribunal Supremo en la primera sentencia de esta causa, que Blasco no se enriqueció personalmente, aunque sí consintió que otros lo hicieran, como es el caso del empresario y su presunto testaferro, Augusto Tauroni, a quien apuntaba directamente.
Desde entonces la Abogacía de la Generalitat persigue con ahinco para que el Tribunal de Cuentas enajene las once propiedades embargadas tanto a Rafael Blasco como a algunos de sus más estrechos colaboradores como Tina Sanjuán, Marc Llinares, Alejandro Catalá, además del empresario Marcial López y cuyo seguimiento realiza la Oficina de recuperación de activos de la dirección general de Relaciones con las Corts, en manos de Antonio Torres. El Tribunal de Cuentas ya ha autorizado la subasta de los bienes, como publicó Levante-EMV. Aunque en el caso de la finca de la Barraca de Aigües Vives de Blasco, la Generalitat quería que técnicos de la Conselleria de Hacienda y Agricultura tasaran la propiedad para conocer el valor real de la finca. En el contrato privado de venta aportado por Blasco al Tribunal de Cuentas valoraba la propiedad en 410.000 euros.
