La Federación de Centros de Enseñanza de València (Feceval), patronal de la escuela concertada, organizó ayer un debate a cinco en el complejo de la Petxina, en València, en el que representantes de todos los partidos políticos presentes en las Corts tuvieron la oportunidad de exponer las propuestas educativas con las que se presentan a las elecciones.

Alberto Villanueva, presidente de Feceval, explicó que desde la federación quisieron organizar el debate “por estar al día en materia educativa y para que los partidos nos presenten sus propuestas”, además de “para que hablen de la enseñanza concertada y qué papel quieren que tenga en la próxima legislatura”.

Así, en un debate moderado por los periodistas Rafel Montaner, de Levante-EMV, y Joaquín Batista, de Las Provincias, cada representante político tuvo cinco minutos iniciales y luego pudo volver a intervenir en distintos bloques y con alocuciones más breves.

Beatriz Gascó, diputada del PP, explicó que los populares proponen “un cambio de paradigma en el modelo de educación valenciano, independientemente de quien tenga la titularidad de los centros”. “No nos gusta el eslogan ‘educació pública, en valencià i de qualitat’ y promovemos la alternativa de una educación europea, moderna, libre y para todos, independientemente de la condición económica, personal o ideológica de las personas”, explicó.

Entre otras cosas, proponen una revolución tecnológica, ya que “los bancos de libros no son el futuro y no deberían ser el presente, todos los alumnos deben trabajar con tabletas digitales; un nuevo modelo lingüístico, “porque el que tenemos no funciona”; una “revolución” metodológica, “para adecuar la educación al siglo XXI”; e “incrementar la transparencia recuperando las evaluaciones diagnósticas”

Asimismo, también defienden que las familias “puedan escoger el ideario, tipo de centro y la lengua que quieren para sus hijos”, con una educación “que exprima la potencialidad de cada alumno y se adapte al máximo”. “Para esto, incrementaremos los recursos para compensatoria y promoveremos los diagnósticos en 2º de Primaria”, detalló Gascó.

La diputada aseguró que el si el PP vuelve a la Generalitat, recuperará el distrito único de escolarización en el proceso de admisión y que los centros docentes vuelvan a otorgar un punto de libre disposición en el baremo. Igualmente, mantendrá el concepto de demanda social de las familias de la enseñanza concertada, aseguró, al tiempo que apostó por volver al bono infantil universal para todas las familias, con una ayuda de 224 euros en las aulas de 2 años, que cubriría el 80 % del coste.

Por su parte, el secretario autonómico de Educación, Miguel Soler, aseguró que el PSPV ha estructurado sus propuestas educativas en seis bloques: la política de becas y ayudas, “para que nadie deje de estudiar por motivos económicos”; la “modernización del sistema educativo”, con la introducción de la inteligencia artificial o la actualización del currículum; “combinar equidad y excelencia para garantizar la educación inclusiva”; ahondar en la coeducación y la “igualdad efectiva” (revisión de libros de texto, formación de profesorado; y mejoras para el profesorado (horarios lectivos, incentivos…).

Además, otro punto clave para el PSPV es hacer una FP “más ágil y flexible, y con una mayor coordinación entre centros y empresas”.

En cuanto a la universidad, se continuará trabajando en la política de beques y en planes como GenT, para el retorno o retención del talento, destacó Soler.

Todo esto, según el secretario autonómico de Educación “no hace distinción entre escuela pública y concertada; son iniciativas que afectan al conjunto del sistema educativo”, matizó. Del mismo modo, quiso “transmitir con claridad que en la única etapa educativa que hay una divergencia clara es en Bachillerato, porque consideramos que solo hay que concertar donde realmente haca falta”. “En el resto del sistema únicamente se reducen las aulas cuando no hay alumnos”, aseguró. “En Bachillerato se mantienen las 23 unidades de 1º y las de 2º, pendientes de lo que digan los tribunales, pero ahora la concertada tiene 188 profesores y 73 unidades más que en 2015; el discurso de la calle no corresponde con la realidad”, afirmó.

Sobre conciertos en FP aseguró que “tenemos que crecer todos” y en Infantil, Soler propone mantener el carácter progresivo del bono, dependiendo de la renta familiar. Respecto a la gratuidad de las aulas de dos años, esta medida será efectiva en la red pública mientras que en los centros privados autorizados por la Generalitat el bono infantil cubrirá el coste total de la escolarización de todas las familias salvo el 8 % con las rentas más altas.

Por Compromís intervino el diputado Josep Nadal, quien defendió que la educación es clave “para el cambio social y por eso estamos en las instituciones”. “Tiene que ser uno de los factores fundamentales del ‘ascensor social’, para que todos los ciudadanos tengan las mismas oportunidades”, apuntó.

Para su país, el alumnado está “en el centro de la educación” y “todo el que está sostenido con dinero público debe tener los mismos derechos”. “A pesar de algunos centros concertados han hecho cosas con las que no estaramos de acuerdo, sí pensamos que hemos puesto en el centro al alumnado, ya que hemos bajado las ratios y hemos aumentado el profesorado y los fondos de compensación en todos los niveles”. “Pensamos que la concertada ahora está mejor que nunca”, resumió.

Respecto a la enseñanza postobligatoria, Bachillerato y FP, Josep Nadal abogó por la "racionalización de los conciertos educativos". "La renovación ad eternum, no es positivo para nadie", dijo respecto a la sentencia del TSJ de la C. Valenciana, que obliga a mantener los conciertos de Bachilleratos derogados por el Consell del Botànic. Para Compromís, la concertada debe ser "subsidiaria de la pública", pero admitió que hay colegios concertados "que hacen una labor impagable y eso se tiene que reconocer" a la hora de renovar los conciertos.

Por otro lado, la diputada Mercedes Ventura, de Ciudadanos, defendió “un modelo educativo plurilingüe, donde se respeten las dos lenguas cooficiales y en el que los padres tengan libertad para matricular en lengua materna y a partir de ahí en las extranjeras”. “Apostamos porque el alumnado tenga un c1 en inglés y que pueda aprender con cursos intensivos en verano”, explicó. “Pondremos más profesorado nativo y estancias en el extranjero” detalló. Asimismo, apuestan por el Bachillerato internacional.

En Educación Infantil proponen implantar la gratuidad “de forma progresiva más allá de la corresponsabilidad y como un criterio pedagógico para el desarrollo evolutivo”.

En cuanto a FP, Ventura explica que hay que aumentar la apuesta por la FP dual, teniendo “un compromiso real con las empresas y bonificando las estancias de los alumnos”. Además, proponen una “revisión y actualización de la FP”, porque hay “maquinaria obsoleta en algunos ciclos”, y

“dar becas para facilitar” los desplazamientos.

En universidades, Ciudadanos considera que hay que “augmentar las becas y premiar la excelencia”, y que lleguen de nuevo a la universidad privada como antes del Botànic.

En concreto, sobre la educación concertada consideran que “hay que respetar este modelo”. “Apostamos por la educación pública y concertada, no creemos en el sectarismo del Botànic”, afirmó. Además, defendió que son necesarios “más recursos psicopedagógicos” y más estancias en el extranjero para el profesorado.

De Unidas Podemos intervino el diputado César Jiménez, quien explicó que “la principal idea que llevamos en el programa es la elaboración de una Ley Valenciana de Educación, que ha quedado pendiente en la anterior legislatura” que, entre otras cosas, serviría “para regular la relación entre la educación pública y la concertada”. “Desde nuestro ideario pensamos que la pública tiene que ser prioritaria y la concertada complementar donde no llega”, especificó.

Asimismo, detalló que la próxima legislatura debe servir “para transformar y no tanto para arreglar”, en referencia a la situación en la se encontraban el sistema educativo valenciano y la conselleria.

También consideró que se ha de subsanar la “situación de inseguridad jurídica” en la que está la conselleria, “por eso ha tenido tantas sentencias en contra”. “Valoramos el trabajo que se ha hecho, pero echamos en falta un instrumento jurídico detrás que dé consistencia a todo lo realizado”, especificó.

En cuanto al plurilingüismo, Podemos, Compromís y PSOE mantendrían la actual ley, mientras Gascó prometió su derogación inmediata si gobierna el PP.