La izquierda sumó acuerdos tras las elecciones de 2015 para gobernar en los principales ayuntamientos de la provincia, después de una hegemonía inalterable de la derecha. Cuatro años después, el balance destila un giro incompleto, más allá de que no pudo batir al PP en la diputación.
Una circunstancia que ha condicionado la legislatura, ya que ha sido esta atalaya la que ha mantenido económica, mediática y políticamente a los populares para construir su oposición tanto a las iniciativas del Consell como a las de los gobiernos municipales de izquierda.
Al efecto, la convivencia del Pacte del Botànic en la Generalitat con los diferentes pactos locales ha surtido a la política local de proyección en materias como educación, sanidad, servicios sociales, despoblación, gestión de recursos o infraestructuras.
Las políticas de despoblación, un problema grave y acuciante con más de 100 municipios en la provincia por debajo de los 1.000 habitantes, han suscitado el acuerdo más unánime con el apoyo al Fondo de Cooperación Municipal, las políticas del Consell y las iniciativas del programa Repoblem, de la Diputación de Castelló.
Un acuerdo que no se logró en cuanto a las políticas de sanidad, con un enfrentamiento enconado con la anterior consellera Carmen Montón y que se prolongó desde la denuncia hasta el archivo de la investigación por facturas sin contrato realizadas en el Hospital Provincial.
Ese conflicto y sus derivadas cubrieron bajo toneladas de tinta el proyecto de inversiones de la conselleria en el centro, que pasa por la asunción de una deuda de 30 millones de euros y el rescate de un edificio en el que estaba proyectado un auditorio para una universidad privada como centro de día oncológico, entre otras.
Pendiente atención primaria
A caballo entre la sanidad y la despoblación, la legislatura finiquita la reivindicación de Vilafranca y Morella para disponer de SAMU 24 horas, pero deja pendiente la mejora en la atención primaria en zonas como l'Alt Millars.
Así mismo, en educación se han completado ciclos de secundaria en Vilafranca, Benassal, Onda y Moncofa, pero queda pendiente el cuarto instituto en Vila-real, la construcción de las 39 infraestructuras del proyecto Edificant y la materialización del colegio Regina Violant d'Almassora tras 13 años en barracones, aunque esta obra ya está licitada. En cuanto a las políticas de servicios sociales, la relación con la vicepresidenta Mónica Oltra ha sido de corte absolutamente diferente a la consellera Montón respecto a la Diputación de Castelló, a pesar de que se ha asumido la gestión directa de centros de menores como el de Penyeta Roja y el de Albocàsser y se han finalizado contratos en Segorbe.
En esta legislatura, además, se iniciaron los vuelos regulares desde el aeropuerto de Castelló, que suma más de 100.000 pasajeros anuales. Un hecho que se solapó en el tiempo con la designación como presidente de las Corts de Francesc Colomer y la entrada en prisión de Carlos Fabra. Así mismo, el número 2 de Fabra, Francisco Martínez, fue condenado por corrupción a 8 meses de prisión. Ambos mandatarios del PP tienen todavía causas pendientes ante la justicia por casos de corrupción.
Pero la legislatura, más allá del giro incompleto a la izquierda que surgió de las urnas de mayo de 2015, ha roto en Castelló el techo de cristal de las instituciones para las mujeres, con Amparo Marco como la primera alcaldesa de Castelló, Soledad Ten como la primera subdelegada y Eva Alcón como la primera rectora de la UJI.
