16 de abril de 2019
16.04.2019

Jorge Rodríguez pide declarar ante el juez: "El caso no tiene recorrido penal"

El expresidente de la Diputación de Valencia pretende aclarar su implicación "punto por punto"

16.04.2019 | 20:12
Jorge Rodríguez.

El expresidente de la Diputación de Valencia Jorge Rodríguez pedirá declarar voluntariamente ante el juez del caso Alquería tan pronto como sea posible para aclarar, "punto por punto", un asunto que a su juicio "no tiene ningún recorrido penal".

En un comunicado remitido a los medios desde el PSPV-PSOE de Ontinyent, localidad de la que es alcalde y donde aspira a la reelección el próximo 26 de mayo, Rodríguez ha anunciado que pedirá al juez instructor el archivo de la causa donde figura como investigado (antes imputado) al estimar que, "en el peor de los casos, se trata de un asunto meramente administrativo".

En el sumario del caso, la UDEF ha cifrado en cerca de dos millones de euros el coste para las arcas públicas que hubiese supuesto la contratación, durante toda la legislatura, de las siete personas supuestamente colocadas irregularmente en la Diputación en otoño de 2015, a razón de 70.000 euros brutos cada uno.

En un informe entregado al Juzgado de Instrucción número 9 y que consta en el sumario del caso Alquería, se reputan como supuestamente ilícitos siete contratos de alta dirección que se realizaron, al parecer, sin los preceptivos informes jurídicos ni financieros y, según la declaración de testigos, por indicación de Presidencia o asesores cercanos.

Asimismo, la UDEF señala que la empresa pública dependiente de la Diputación de Valencia Divalterra tuvo, tras las contrataciones efectuadas bajo el gobierno de Jorge Rodríguez en noviembre de 2015, "la misma cantidad de altos cargos que entidades de grandes presupuestos como AENA".

En su comunicado, el candidato socialista a la reelección como alcalde señala: "Toda la causa gira en torno a los nombramientos de siete altos cargos, cuya legalidad no sólo viene avalada por varios de los informes emitidos, sino que, además, la doctrina jurídica y la jurisprudencia los respalda totalmente".

"Otra cuestión es que haya opiniones jurídicas contrapuestas. Desde luego esto nunca puede ser materia que deba tratar el juzgado de lo penal", añade.

Según Rodríguez, todos los altos cargos tenían unas funciones determinadas, desempeñaron sus tareas y cumplieron con sus obligaciones, como queda de manifiesto en los archivos de la Diputación y Divalterra, por lo que en su opinión "es una absoluta falsedad que estos altos cargos no trabajaran".

Remarca que "no se sostiene" la acusación de prevaricación "y, mucho menos, la de malversación de fondos", a lo que añade: "La conclusión a la que llego es que la actuación policial fue absolutamente desproporcionada. Resulta difícil entender que se haya generado una alarma social como la que provocó el operativo policial el pasado 27 de junio y que tuviéramos que pasar una noche en el calabozo tras las acusaciones que hemos comprobado en el sumario".

"Es difícil de asumir que se decretara el secreto de sumario, que se produjera un nuevo registro el día antes de mi proclamación como candidato y que se me comunique el sumario el día antes de la presentación en los juzgados de las listas municipales", critica.

Sobre la posibilidad apuntada en la denuncia de un supuesto gobierno paralelo para dirigir Divalterra, defiende que "en realidad el consejo de administración, donde están representados todos los partidos, fue siempre el máximo órgano de decisión de la empresa".

"Todo ello no menoscaba que se hicieran reuniones previas a las que acudían consejeros del equipo de gobierno de la Diputación, formado por cuatro partidos, para consensuar la postura del equipo de gobierno", explica.

También argumenta que cuando el PSPV llegó a la presidencia de la Diputación se encontró con un informe de la Intervención General del Estado donde se destacaba que había 670 personas contratadas en Imelsa (la antigua Divalterra) sin proceso de selección alguno.

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