El segundo juicio por la malversación de las ayudas a la cooperación comenzará finalmente el 6 de mayo, si un pacto entre la mayoría de los 24 acusados y la Fiscalía Anticorrupción no lo evita antes. La sombra de la suspensión planeaba sobre la primera jornada de la vista que ha de juzgar el desvío de 5 millones de euros en 23 proyectos de ayudas a diez países empobrecidos y al hospital de Haití que nunca se construyó pero en el que se gastaron 177.000 euros.
El pronóstico de la suspensión se cumplió tras un agrio debate, con mano de hierro pero guante de terciopelo, entre los abogados de las defensas y la Fiscalía Anticorrupción. Los letrados de la mayoría de acusados afearon que el acuerdo (en el caso de Rafael Blasco firmado por la Fiscalía y sus abogados el 5 de junio de 2018 y formalizado ante notario) o los preacuerdos verbales alcanzados por la mayoría de los acusados quedaron «la semana pasada» en papel mojado.
«Ante la sorpresa por este cambio es prudente no dar comienzo a las cuestiones previas porque tal vez se vehiculice de otra manera el proceso, tal como estaba determinado», señaló el letrado de Blasco, Javier Boix. La defensa de Augusto Tauroni, que ejerce José Vicente Gómez Tejedor, hizo mención a la «situación comprometida [de su defendido] por la ruptura del acuerdo por parte de la Fiscalía Anticorrupción» lo que afectaba al derecho de defensa ya que «no se prepara la vista, no por indolencia, sino porque había un acuerdo cerrado».
Una postura que atornilló el letrado de Marc Llinares, José María Catalayud Barona, quien dio el argumento clave: «La Fiscalía Anticorrupción es una institución. Y alcanzamos un acuerdo con la Fiscalía, no con la persona en concreto», advirtió el abogado en referencia al cambio de Fiscal, tras la marcha del anterior representante en esta causa del Ministerio Público al TSJCV, como magistrado. Por ello, recordó, «no es que no se prepare la vista, sino que dedicas el tiempo a acreditar las condiciones que se exigen para llegar a un acuerdo. Aunque la estrategia de defensa cambió totalmente la semana pasada», lamentó. Por ello Calatayud Barona alegaba «no estar en condiciones de defender a mi cliente, porque [todo] se basaba en desarrollar el acuerdo alcanzado. Pero todo eso ha cambiado de repente. Se ha producido un cambio del que no somos responsables, pero sí perjudicados».
Contraataque de la Fiscalía
El fiscal contraatacó diciendo que era «incierto todo lo alegado por las defensas, a excepción del letrado Manuel Salazar». Este último representa a la exjefa de servicio de la Conselleria de Solidaridad, Dolores Escandell, que fue uno de los pocos que explicitó no haber llegado a un pacto con la Fiscalía, junto al empresario Luis Fernando Castel, representado por el abogado Mariano Lorente.
El representante del Ministerio Público, que no se opuso a la suspensión para intentar llegar a un acuerdo, aseguró que lo expresado por las defensas «no se ajusta a la realidad» y mostró una rotunda «discrepancia con sus alegatos» porque «no hay incumplimiento de preacuerdo con ninguna de las defensas». Recordó que el pacto no se ha producido por «la falta de consignación de las responsabilidades civiles como condición insalvable e insoslayable para alcanzar un acuerdo». La Abogacía de la Generalitat y la Cvongd negaron haber llegado a acuerdos y exigieron la devolución del dinero malversado.
