Ocho de cada diez ciudadanos de la Comunitat Valenciana cree que la pobreza infantil debe convertirse en una prioridad para los gobiernos que salgan de las urnas el próximo 28 de abril, según una encuesta realizada por Save the Children ante las próximas elecciones generales y autonómicas.
La ONG ha hecho esta consulta para saber qué grado de interés tiene la pobreza infantil, cómo afecta a la ciudadanía y si esta piensa que la erradicación de la problemática pasa por la toma de decisiones políticas, explica la entidad en un comunicado.
Los resultados reflejan que la pobreza infantil y la exclusión son un "problema importante" para el 74,7 % de los valencianos y valencianas, y ocho de cada diez personas encuestadas incide en que la pobreza infantil debe convertirse en una prioridad para los futuros gobiernos, tanto autonómico como estatal.
En la Comunitat Valenciana en el último año, y como consecuencia de su situación económica, un 22 % de encuestados se ha planteado reducir el gasto en sus hijos e hijas, o incluso ha tenido que hacerlo, y casi la mitad de las familias no ha podido llevar a sus hijos e hijas de vacaciones al menos una vez al año.
Por su parte, la visita de los niños y niñas al dentista o al oculista se ha convertido en algo imposible para un 31,3 % y un 14,1 % de los encuestados, respectivamente.
El director de Save the Children en la Comunitat Valenciana, Rodrigo Hernández, recuerda que "cerca de 280.000 niños y niñas están en riesgo de pobreza o exclusión social en la Comunitat Valenciana y más de 65.000 sufren privación material severa, según los datos de la Encuesta de Condiciones de Vida de 2018".
"En los últimos años se han producido avances en materia legislativa y presupuestaria para luchar contra la pobreza y ayudar a los colectivos más empobrecidos, como es la Renta Valenciana de Inclusión, la Ley de Infancia y Adolescencia o la Ley de Servicios Sociales Inclusivos, pero esto todavía no se refleja en las estadísticas oficiales".
El análisis de la ONG también revela que la mayor parte de la sociedad valenciana considera "imprescindible" la intervención del Estado y de la Comunitat Valenciana para acabar con la pobreza, y que estaría dispuesta a pagar más impuestos si la recaudación fuera destinada directamente a lograr una solución.
Gratuidad de los libros de texto
De todas las medidas preguntadas en el estudio, la gratuidad de los libros de texto, una red pública de guarderías de 0 a 3 años y una atención dental y visual gratuita son las mejor valoradas por los encuestados de la Comunitat Valenciana.
De cerca le siguen medidas como la gratuidad del comedor escolar, las clases de refuerzo educativo para niños y niñas en riesgo de pobreza o de abandono escolar y la atención psicológica gratuita. 8 de cada 10 encuestados valoran positivamente la medida del aumento de la prestación por hijo a cargo, y un 41% de los encuestados cree que esta ayuda debería ser más de 100 euros mensuales.
Hernández asegura que "es necesario que el Consell que salga de las urnas el próximo 28 de abril continúe impulsando políticas públicas que pongan el foco en la infancia más vulnerable, que se sigan incrementando de manera sostenida las partidas destinadas a luchar contra la pobreza infantil y que la inversión se destine a medidas eficaces que tengan un impacto directo en las familias". "Es la única forma de que se garantice el cumplimiento de los derechos de los niños y niñas de nuestra comunidad".
Entre las propuestas de la organización para acabar con la pobreza infantil en la Comunitat Valenciana destacan ampliar y mejorar la Renta Valenciana de Inclusión, ampliando la cobertura a todos los posibles perceptores, priorizando las familias con hijos a cargo y familias monoparentales; y aumentar la oferta de alquileres asequibles mediante políticas y planes públicos de fomento del alquiler con criterios de equidad, entendiendo como alquiler asequible aquel que representa menos del 30% de los ingresos del hogar.
Igualmente, abogan por garantizar que en la política de ayudas al estudio prima los criterios de equidad, asegurando que todos los niños y niñas que se encuentran en situación de pobreza tienen cubiertos los costes de transporte, comedor, material escolar y extraescolares, cuando éstos no están pagados por fondos públicos
Otra de las acciones que propugnan es el acceso universal progresivo a educación infantil temprana (de 0 a 3 años) priorizando a los niños y niñas en situación de pobreza o exclusión social. Para garantizarlo se crearán plazas asequibles mediante medidas de tarificación social, con un precio mínimo suficientemente bajo y que incluya comedor para familias de bajos recursos, y criterios de acceso que prioricen renta y vulnerabilidad.
Además de en la Comunitat Valenciana, la organización trabaja en programas en Andalucía, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad de Madrid y Euskadi que buscan romper este círculo de transmisión de la pobreza de padres y madres a sus hijos a través de la educación.
Save the Children atiende anualmente a más de 8.000 niños y niñas en riesgo de exclusión social y a cerca de 660 familias a través de sus programas de lucha contra la pobreza infantil. La atención consiste en actividades de refuerzo escolar y de ocio y tiempo libre, así como de reparto de material escolar. Los profesionales de Save the Children también facilitan ayuda psicológica y terapia psicosocial a las familias.
La encuesta ha sido realizada por la agencia de investigación 40dB a 1.887 personas, entre las que se incluyen 300 de Andalucía, Calatuña, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana y País Vasco. Las entrevistas se realizaron de manera online a personas mayores de edad, entre el 15 y el 20 de marzo de 2019. Para un nivel de confianza del 95%, el margen de error de la muestra es del +2,26.
