La UDEF ve ilegal los 2 millones que PSPV y Compromís gastaron en 7 cargos a dedo

No era algo novedoso en Divalterra, ya que su antecesora Imelsa también protagoniza una pieza del caso Taula por esta práctica de clientelismo político: la contratación de personal afín al PP, PSPV, Compromís y EU como trabajadores zombis que cobraban sin ir a trabajar o realizar otras funciones para las que estaban contratados.

La contratación de los siete altos cargos de Divalterra (unidos a los dos gerentes de PSPV y Comprtomís y el director del área jurídica, cuyos contratos no se ponen en cuestión en el sumario) hizo que la empresa pública de la Diputación de València alcanzara «los mismos altos cargos que otras sociedades de grandes presupuestos como AENA», destaca la UDEF en un informe incorporado al caso Alquería, sobre el que se levantó ayer el secreto del sumario.

Cada contratación «supone un coste aproximado de 70.0000 euros anuales» por alto cargo, según destaca la UDEF por lo que «el perjuicio ocasionado a la sociedad de financiación pública sería de una cantidad aproximada de dos millones de euros».

Las contrataciones de los siete altos cargos fueron impulsadas por el expresidente de la Diputación, Jorge Rodríguez, los cogerentes de Divalterra, Agustina Brines (de Compromís) y Javier Simó (del PSPV), el secretario-letrado asesor de esta empresa pública, Jorge Cuerda y dos asesores de Rodríguez: su jefe de gabinete, Ricard Gallego, y Manuel Reguart. Los seis fueron detenidos el pasado 27 de junio. Los registros policiales realizados hace diez meses y el acceso de los investigadores a las cuentas de correo de los investigados han revelado las «argucias» para vestir de legalidad unas contrataciones con las que, según se desprende de sus mensajes, se intentaba ganar cuota de poder.

Los mensajes intervenidos también revelan las luchas de poder internas en la Diputación de València entre PSPV y Compromís. «La realidad hoy es que la cogerencia [de Divalterra] es un obstáculo para el funcionamiento de la empresa, en tanto que los objetivos no son coincidentes, que Vera [el director jurídico, José Luis Vera] responde a sus propios intereses ajenos a lo que representa el PSOE y que el propio grupo se desentiende de lo que en la empresa suceda en tanto que sus únicas preocupaciones son reinar en sus espacios propios de gestión», señala el exgerente de Divalterra, Víctor Sahuquillo en un escrito de «reflexiones» dirigido a Jorge Rodríguez.

Sahuquillo añade en esta nota sobre la «situación en Divalterra» que «Agus (Agustina Brines, la cogerente de Divalterra) y Vera y su entorno suponen un todo que debilita la fuerza que en realidad debería estar ejerciendo el PSOE. Vera sólo tiene como preocupación la parte penal (...) Como exmagistrado puede darle cierto prestigio en el futuro inmediato. Y para conseguir sus objetivos mantiene una alianza con Agus sin importarle que eso debilite la posición del PSOE en la empresa», según el análisis que realiza el exgerente de Divalterra, Víctor Sahuquillo, que dimitió el 14 de diciembre de 2016 por el abono de dietas y gastos de representación que incluía el pago de bebidas alcohólicas, por 252 euros.

Cuotas de poder

Para resolver esta situación de supuesta «debilidad» socialista en la empresa, el análisis de Sahuquillo defendía la necesidad de «crear nuevas plazas técnicas que se conviertan en nuestro ejército para alcanzar los objetivos políticos que necesita el presidente». Aunque una vez creados, los máximos responsables de Divalterra eran conscientes de la irregularidad de los contratos de alta dirección creados, como advirtió el exgerente de Divalterra, Víctor Sahuquillo, en un correo a Rodríguez en julio de 2016 en el que propone: «Primero la resolución de los contratos ilegales de los directores».

Y a la faena se puso el polémico secretario-letrado elegido a dedo por Rodríguez, Jorge Cuerda, quien revela en un correo intervenido por la UDEF cómo se construyó la argumentación jurídica para revestir de legalidad las siete contrataciones irregulares. En el mensaje, remitido a las 2.46 horas de la madrugada del 31 de enero de 2018, Cuerda envía un informe en el que, explica, «he tratado de justificar la creación de la estructura directiva en 2015 con una situación concreta cuando entrásteis al gobierno». El abogado señala también que ha creado «una nueva área, sustituyendo a la anterior, que se denomina 'Área de regeneración de zonas verdes urbanas'. Y eso lo hago porque nadie me ha dicho qué hace esa área». Un correo que para la UDEF «revela las argucias utilizadas por Jorge Cuerda para crear dos nuevas áreas y asignar con ellas dos nuevos puestos de alta dirección y así colocar a personas afines políticamente en cargos de alta dirección». Para la UDEF, el abogado Jorge Cuerda «intenta dar una apariencia legal y necesaria a la estructura creada a raíz de las 7 contrataciones de los altos directivos de noviembre de 2015».

Para los agentes, las áreas que Cuerda plantea crear en la estructura de Divalterra («Estudios y planificación estratégica y regeneración de zonas verdes urbanas») «no parece que sean tan importantes ni tan estratégicas» a pesar de que apenas un mes después señala en dos informes que ambas áreas son «de vital importancia para la vida de la empresa». La inutilidad de los contratos era admitida por los mismos responsables en informes internos. «Ninguno de los altos directivos están produciendo líneas estratégicas o de negocio de alto valor». De hecho, cuando los diputados de PP y Ciudadanos denunciaron los hechos, los contratos se rescindieron. Y desde entonces Divalterra sobrevive sin los siete altos cargos.

Divalterra: tantos altos cargos como AENA

Divalterra tuvo «la misma cantidad de altos cargos que entidades de grandes presupuestos como AENA», según la UDEF. «Ninguno de los siete altos cargos contratados ejercía funciones directivas en contratación ni rectoras, no tenían capacidad de representación ante otras administraciones y no existía incremento en los presupuestos que avalara esa contratación».