Mucha burocracia y poca información a las familias. Trabajadores sociales y asociaciones alertan de que una buena parte de los potenciales beneficiarios de las ayudas sociales no accede a ellas por desconocimiento o por las trabas que existen en su tramitación. Una cifra que podría rondar el 25 %, según un informe de la Unión Europea que analizó la percepción de las ayudas sociales en distintos países, entre ellos España. En la Comunitat Valenciana, como en el resto del país, las familias más vulnerables pueden acceder a tres tipos de ayudas diferentes: las que concede el Gobierno central (sobre todo prestaciones por hijo a cargo y pensiones); las que dependen de la comunidad (especialmente, la Renta de Inclusión) y las que gestionan los ayuntamientos, como las de emergencia.
Para empezar, este amplio abanico complica mucho las cosas a las familias, a quienes no acaba de llegar toda la información acerca de las ayudas a las que pueden tener acceso. «Hay un desmadre entre administraciones. Las ayudas que se reciben en la Comunitat son distintas a otras autonomías y también cambian entre los ayuntamientos, que además las varían de un año a otro», lamenta Virgina Tovar, trabajadora social en Novelda. Para esta profesional es necesario que haya un marco normativo nacional que regule estas ayudas, «igual que ocurre con la Sanidad o la Educación».
Pero conocer las ayudas y tener derecho no es garantía de que finalmente se llegue a ellas. La burocracia complica en exceso su tramitación. «A veces los requisitos no están claros y las páginas web no son comprensibles», afirma Mercedes Sirvent, vocal del Colegio de Trabajo Social de Alicante. En el caso de la Renta Valenciana de Inclusión, cuya tramitación se hace a través de los ayuntamientos, la cantidad de documentos que se exigen a las familias es abrumadora, «sobre todo por parte de los consistorios que no están adheridos a una plataforma común que permite el acceso a muchos de los datos que se solicitan». Además, «se pide documentación de todos los miembros de una misma familia y por protección de datos el padre o la madre no puede solicitar la del resto».
También se dan contrariedades, como que los inmigrantes en situación irregular pueden solicitar la Renta Valenciana de Inclusión, «pero deben tener una cuenta bancaria para percibir el dinero, cuando los bancos no abren cuentas a personas en situación irregular», lamenta Tovar. A veces también es necesario tener un ordenador con acceso a internet para poder descargar formularios o rellenarlos, «cuando estamos hablando de personas pobres que no tiene casi ni para comer», explica Sirvent. En el caso de los subsidios por desempleo que dependen del Gobierno, asociaciones como Marea Roja critican que a los beneficiarios «se les exige un itinerario laboral estricto, con visitas presenciales a empresas y cursos alejados de sus localidades, cuando son personas que ya han agotado todas las ayudas», señala Fernando Patón, portavoz de la entidad. Para Patón, estas ayudas «están diseñadas de antemano con tantos requisitos y tan farragosos para evitar que el cien por cien de los potenciales beneficiarios las soliciten».
