El expresidente de la Diputación de València, Jorge Rodríguez, justificaba ayer en un vídeo distribuido por su entorno la necesidad de las siete contrataciones irregulares que investiga la justicia en el caso Alquería para «crear un cordón sanitario en Imelsa, estructurando la empresa en siete áreas». Se pretendía así atajar la corrupción en la empresa que estaba dirigida por el yonki del dinero, Marcos Benavent, y uno de los epicentros de las tramas investigadas en el caso Taula.
«Era una situación de excepción en que la empresa estaba medio intervenida, que eran preciso nombramientos de gente de confianza para dirigir diferentes áreas y que por tanto no se planteó una pregunta respecto a los nombramientos», declaró como testigo Maria José Amigó, vicepresidenta de la Diputación de València, al magistrado y el fiscal anticorrupción del caso Alquería el 6 de julio de 2018. Es la ironía de esta situación. Unas contrataciones que pretendían crear «un cordón sanitario» contra la corrupción acaban siendo investigadas en otra causa por supuestamente constituir una práctica corrupta de libro: el clientelismo político que suma fidelidades en forma de sueldos suculentos a costa del erario público.
Estas siete contrataciones irregulares se investigan en el fondo y en las formas. Como ya ha informado Levante-EMV, sólo los informes jurídicos del letrado asesor Jorge Cuerda (también investigado en esta causa y el «auténtico gestor de Divalterra», según algunos testigos) avalaban estas contrataciones. Aunque la Intervención General del Estado (IGAE) también analiza uno a uno el trabajo realizado por los siete altos directivos. La conclusión es igual para todos: «No existe evidencia de que hayan realizado funciones rectoras en Divalterra».
Sobre Pau Pérez Lledó, concejal de Compromís en Oliva, licenciado en Sociología y profesor de la UPV en Gandia, la IGAE destaca que fue director del área de Turismo de Divalterra desde el 4 de noviembre de 2015 hasta el 30 de abril de 2017. El problema es que el área de Turismo se gestiona desde el Patronato de Turismo, cuyo personal laboral sí pertenece a Divalterra que únicamente paga las nóminas de estos catorce trabajadores y controla su horario. «El señor Pérez no desarrolla competencias en materia de personal, no tiene competencias en materia financiera, ni facultades generales de representación de la sociedad pública», concluye la IGAE.
El concejal de Silla, José Luis Melero, (economista y máster de gestión ambiental) dirigía el área de «promoción económica, innovación y proyectos de formación» con un presupuesto en 2016 para personal de 67.500 euros, de los que 53.819 euros «se destinaban al sueldo del directivo». En dos años (2016-2017) esta área firmó tres convenios con la Cámara de Comercio, otro con la Mancomunitat de l'Horta Sud y el Ayuntamiento de València, justificó un taller de empleo en el Monestir de Llutxent y presentó proyectos europeos. «Ninguno de los convenios o documentos fueron firmados por Melero», concluye.
La doctora en Ciencias Biológicas Soledad Torija, de Gent de Compromís, se hizo cargo del área de Medio Ambiente de Divalterra de noviembre de 2015 a marzo de 2018. Un área cuyo informe de gestión «sólo hace referencia a la Línea 1 'Pacto de las alcaldías por el clima y la energía'» y en el que «la señora Torija no desarrolla competencias en materia de personal, financiera, ni facultades generales de representación de la sociedad pública».
Sin nadie a quien dirigir
El último directivo de Compromís contratado es el licenciado en derecho de Sueca, Raul Ibáñez Fos, que se encargó de la dirección de servicios generales y administración de Divalterra. Un área en la que estaba él sólo, por lo que «no tenía a nadie a quien dirigir», según revelan varios testigos ante la Fiscalía Anticorrupción. Cobró 53.819 euros en 2016.
El marmolista Manuel Carot, asesor socialista en Gandia y Morella, además de brigadista forestal, acabó siendo nombrado director de regeneración de zonas verdes urbanas y desoués del área de 'Sostenibilidad del medio rural' y también 'Gestión forestal'». Cobraba un sueldo de 54.672 euros anuales (sin dietas) a pesar de que su nombramiento «no varió la forma de actuar de la sociedad, ni los cometidos que tenía asignados» a pesar de que la gestión de las brigadas forestales era el cometido principal de Divalterra. Carot se intercambió el área asignada con Salvador Femenía, ingeniero técnico agrícola, alcalde de l'Alqueria de la Comtessa y asesor socialista en la Diputación de València desde 1999. Femenia fue primero director de área de sostenibilidad y medio rural, para pasar a zonas verdes.
De Víctor Jiménez Bueso, la Inspección destaca que no consta en su expediente documentos acreditativos de su formación o experiencia profesional. Alcalde de Rocafort, fue coordinador del PSPV-PSOE en la diputación, hasta que fue nombrado director de estudios y planificación estratégica de Divalterra en febrero de 2018, cargo del que renunció 30 días después, y al finiquito.
Un perfil muy similar al de Lucas Ferrando Zapater, del que la IGAE señala que «sólo se tiene constancia de ser presidente de la gestora del PSPV-PSOE de la Hoya de Buñol». Fue elegido para «dirigir» el área de regeneración de zonas verdes urbanas el 19 de febrero de 2018, aunque renunció cuatro días después.
Por último, Miguel Ángel Ferri López, licenciado en biología y máster en educación ambiental fue elegido como director del área de estudios y estrategia local de Divalterra desde 2015 a 2017 con un sueldo anual en 2016 de 58.160 €. Las fichas presupuestarias de esta área «no concretan las acciones realizadas» y en 2016 su área «sólo tuvo presupuesto para gastos de personal». Ferri fue quien defendió, junto al asesor de Jorge Rodríguez Manuel Reguart, la firma de un polémico convenio con la Universitat de València que fue rechazado en varias ocasiones por los técnicos jurídicos de Divalterra. Un hecho que desencadenó el «principio de todos los problemas», según varios testigos. Se trataba de crear con la Universitat de València la «Cátedra Estudios Territoriales Valencianos (Esteval), impulsada por el vicerrector Jorge Hermosilla», previo pago de 400.000 euros por parte de la diputación. Tras el rechazo de los técnicos, el proyecto se volvió a presentar en 2017, pero reducido a 240.000 euros, que también tumbaron los técnicos.
Vídeo comunicado de Rodríguez que se ve «víctima de una cacería política»
Un vídeo de tres minutos y diez segundos, distribuido por el entorno de Jorge Rodríguez, defiende la legalidad de los contratos que investiga la justicia, recurre a la teoría de la conspiración para insistir en lo desproporcionado de la operación policial del caso Alquería y señala a Jorge Rodríguez como «víctima de una cacería política» que ha vivido «diez meses de absoluta indefensión».
