Usted es el encargado de fiscalizar los fondos públicos. Mójese ¿cómo ha gestionado el Consell estos cuatro años?
Esa es una pregunta política. Prefiero estar fuera del rifirrafe político. Nos dedicamos a hacer informes, aunque es evidente que lo que hacemos repercute en la política. Hay mayor interés de las administraciones en cumplir y la sociedad empieza a ser más crítica. Mejorar la eficiencia es la asignatura pendiente porque puedes hacer una infraestructura con todo bien tramitado y que no sirva de nada. Esto es muy importante porque los ingresos no pueden crecer siempre porque la economía tampoco puede hacerlo; los recursos del planeta son finitos. Por eso hemos de priorizar los servicios públicos fundamentales, educación, sanidad y servicios sociales.
¿Están garantizados con el actual sistema de financiación?
No, no están asegurados. El actual sistema de financiación no los garantiza. La propuesta valenciana es que se garanticen tanto en época de crisis como en la de crecimiento, como las pensiones, que no han sufrido la crisis. La siguiente decisión sería sobre la parte de ingresos que se quedan Administración central y autonomías.
¿La clave de la reforma de la financiación es que el Estado ponga más recursos para que nadie se sienta perdedor?
Es necesario que se ponga más dinero, pero no como un capricho de las autonomías, sino porque tanto por la calidad como por la cantidad de los servicios que prestan, las autonomías deben estar priorizadas y no al revés, como ocurre ahora. No tiene sentido que la Administración central se reserve la mayor parte del déficit o más ingresos. Por las competencias que presta eso no tiene sentido.
Hay partidos que plantean recentralizar, otros eliminar autonomías. Dicen que se ahorraría.
Es un error. Está muy claro que hay servicios que se prestan mejor cuando más cerca están de la ciudadanía, por tanto recentralizar es un error. Si se analizan los estudios se debe tender a que los servicios estén cada vez más cerca. Podría aceptar que algunas instituciones están duplicadas, pero lo haría en el sentido contrario al que muchos están pensando. Donde sobran es en la Administración Central, no aquí. Claro que hay cosas duplicadas. ¿Qué sentido tiene que exista un gran edificio en Madrid que es el Ministerio de Sanidad con un buen número de trabajadores cuando esa competencia está transferida a las autonomías? Pues de sobrar algo sobraría el ministerio en Madrid, ¿no?
¿Eliminar duplicidades para vaciar el Estado?
Una vez se han transferido las competencias, la Administración central no ha adelgazado todo lo que debería y sigue manteniendo mucho funcionariado, muchos edificios que hoy no tiene sentido que los tenga. Lo lógico es que las consellerias de Sanidad en cada autonomía tengan sus trabajadores, pero no es lógico que se mantenga una estructura casi igual que antes en Madrid.
Ponga cifra a la deuda histórica del Estado con los valencianos.
Si entendemos por deuda histórica la parte que es consecuencia de la falta de financiación y si tomamos 2002 como primer año en que es fácilmente comparable porque se completa la transferencia de Educación y Sanidad a todas las autonomías, los valencianos recibimos unos mil millones menos cada año de lo que nos correspondería para estar en la media, ya no digo los que más ingresan, sino la media. Sumando todo, porque se están pagando intereses, está del orden de los 20.000 millones.
¿Se puede hablar de deuda ilegítima?
Eso no está claro, yo lo que diría es que no es una deuda nuestra. Si nos transfieren unas competencias en educación y sanidad, pero ese servicio nos lo financian menos que al resto te obligan a endeudarte. Los valencianos tenemos que asumir la deuda de la mala gestión y los excesos, sí, pero no la deuda que proviene de una falta de financiación que los demás sí tienen y nosotros no aunque todos prestamos los mismos servicios.
¿Y qué dicen los técnicos de otras autonomías? ¿Lo aceptan?
Sí, lo entienden. Al principio costaba más, pero ahora no hay ningún técnico que ponga en duda que los valencianos han estado y están discriminados. Ahora bien, tenemos una etiqueta puesta, pese a que somos una autonomía que ha gastado poco, porque algunos excesos han sido tan llamativos que han llevado a una impresión desde fuera de que se despilfarran recursos y de que ha habido mucha corrupción, que la ha habido. Tenemos esa fama de despilfarradores y corruptos y aunque comparas y ves que otras autonomías igual la han hecho más gorda, nosotros tenemos la etiqueta, y eso es una losa. Yo he estado en reuniones con técnicos del ministerio o de otras autonomías y cuando se les acababan los argumentos pues sacaban la broma de que para qué queremos más dinero los valencianos si lo vamos a despilfarrar.
¿Es realista incluir 1.300 millones ficticios en el presupuesto?
Nosotros por un lado pedimos que se presupueste de una forma realista, pero eso no quita que sabemos que existe un problema de falta de financiación, pero claro no se debe presupuestar más de lo que esperas ingresar. Somos sensibles porque en muchos años se han producido promesas muy claras de reforma del modelo que han llevado a aplicar en ese presupuesto esa previsión económica de la que habla, pero al final nunca se ha cumplido. Pero nosotros cuando fiscalizamos lo único que podemos es pedir al Consell que sea más realista aunque sepamos el motivo que haya detrás.
¿El Consell hace caso a sus informes o son papel mojado?
En general creo que nuestros informes tienen peso. Creo que la opinión de la Sindicatura comporta cambios, pero no son inmediatos. Podemos estar años diciendo que no hay un inventario actualizado de bienes de la Generalitat y el siguiente año se vuelve a decir. No es que no nos hagan caso, pero sabemos que no es fácil de hacer. Igual que a la hora de contratar. Si nosotros señalamos que hay fraccionamiento de contratos, al año siguiente hay menos. Sí que hay un interés en hacernos caso. Nuestra institución está bien considerada y fuera se nos considera un referente por muchos aspectos en los que hemos sido pioneros.
¿Y eso a pesar de tantos casos de corrupción?
Es cierto que la ha habido, pero también que buena parte de la corrupción ha salido a la luz por informes de la sindicatura y eso no se tiene en cuenta. Si nosotros detectamos que hay indicios de responsabilidad contable informamos a la fiscalía del Tribunal de Cuentas que tiene la competencia jurisdiccional y años después sale una actuación muy llamativa que proviene de un informe de la Sindicatura y eso es porque tampoco se conoce mucho nuestro trabajo.
Los gastos de los grupos, 13 millones esta legislatura, siguen ocultos a la ciudadanía. ¿Falta transparencia en las Corts?
Hay mucha sintonía entre lo que dicen la Sindicatura y la presidencia de las Corts, a la que también le gustaría que fuera más transparente. Ahora, el Tribunal de Cuentas ha dado la razón a las Corts y le ha dicho que lo fiscalice porque los grupos parlamentarios se escudaban en que lo enviaban al Tribunal de Cuentas, que ahora dice que las Corts pueden pedir también esos gastos. Eso va en la línea de lo que decimos nosotros, que es una subvención muy elevada y tiene que quedar claro que se usa para gastos del parlamento. Por eso pedimos más transparencia, no prejuzgamos que se esté gastando incorrectamente pero queremos saber en qué se gasta. También se han hecho recomendaciones para una mejor justificación de los gastos de loa desplazamientos de los diputados. Sugerimos que haya más control y transparencia en este aspecto.
