La última y decisiva semana de esta campaña electoral para los comicios generales y autonómicos del próximo domingo arranca con el agua en el epicentro del debate del 28-A. La Conselleria de Agricultura y Medio Ambiente, dirigida por Elena Cebrián, de Compromís, ha formalizado a través de la Abogacía de la Generalitat una demanda por la vía del contencioso-administrativo contra la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez del pasado mes de noviembre de recortar el agua del trasvase Tajo-Segura.
La resolución limitó el caudal destinado a Alicante a apenas 7,5 hectómetros cúbicos frente a los 20 que, sin embargo, permitían las reglas de explotación del trasvase. El recurso, con 18 páginas muy detalladas y dirigido a la correspondiente sala de la Audiencia Nacional con fecha del pasado 16 de abril, solicita que se declare nula esa resolución del Gobierno y que se autorice un desembalse por el total del agua prevista.
«Estamos ante una decisión del Gobierno que es contraria al informe del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX). Es una resolución que no está motivada desde el punto técnico sino que se ha tomado atendiendo a las presiones del Gobierno socialista de Castilla-La Mancha», apuntaron fuentes de Compromís.
Es una decisión que, sin duda, puede tener recorrido en el «cuerpo a cuerpo» de esta recta final de la campaña, especialmente en Alicante donde todos coinciden que están en juego escaños para el Congreso de los Diputados, pero donde, además, se pueden decidir parlamentarios que pueden resultar claves para decantar la victoria hacia el bloque de derechas o de izquierdas en la Generalitat.
Por tanto, se trata de un movimiento judicial que evidencia el pulso interno entre los socialistas y Compromís por sumar el mayor respaldo posible de cara a las condiciones de negociación, si cuadran las cuentas, para una segunda versión del Pacte del Botànic.
Pero también entronca con la estrategia de Compromís de ofrecerse como una marca que, de tener fuerza suficiente también en Madrid, puede condicionar con esos escaños decisivos la negociación en el caso de que Pedro Sánchez pudiera acabar aglutinando nuevamente una mayoría de gobierno suficiente en el Congreso.
Como se recordará, en su momento, después de la decisión del Gobierno socialista de Pedro Sánchez de meter la tijera al trasvase, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, anunció su intención de recurrir aquella decisión de un ejecutivo de su propio partido que acababa de aterrizar en la Moncloa. Pero no ha sido hasta ahora cuando la Abogacía de la Generalitat ha dado forma al recurso a consecuencia de una autorización expresa de la consellera de Agricultura y Medio Ambiente, Elena Cebrián, de Compromís.
La demanda cuestiona por completo y de arriba a abajo los argumentos que el Gobierno de España, al mando de los socialistas, ofreció para intentar justificar la reducción del caudal del trasvase Tajo-Segura a la provincia el pasado mes de noviembre.
El recurso impulsado por la conselleria de Medio Ambiente argumenta que de los informes no se puede deducir que el sistema se encontrara en una situación hidrológica «excepcional» que obligara a un recorte y que, por tanto, no existía riesgo para mantener el volumen máximo mensual y trasvasar un total de 60 hectómetros cúbicos durante el trimestre, a razón de 20 mensuales.
El Consell considera que los intereses del Gobierno para meter la tijera en el aguason «espúreos» al entender, además, que no hay ningún tipo de evidencia que pueda avalar que los indicadores de sequía en la cabecera del Tajo vayan empeorando con el paso del tiempo.
Sequía o escasez
En la evaluación de los caudales, sugiere el recurso, no se mencionan en ningún momento los indicadores de sequía sino que, únicamente, se habla de forma genérica de «escasez». Los datos en los que se habría basado la resolución del Gobierno que le recorta el agua a la provincia, de acuerdo con los datos de la demanda, no justificarían, de ninguna manera, ningún cambio en el estado ni del sistema de cuenca ni tampoco del trasvase.
En la orden del Gobierno de Pedro Sánchez que limita el agua, de acuerdo con el argumentario del recurso, no se mencionan valores concretos que avalen la resolución. Y tampoco se alude a los informes técnicos del Cedex o a los de la Confederación Hiodrográfica del Segura.
La resolución de recorte, igualmente, se toma, según apuntan desde el Consell, tomando en consideración las lluvias en la cuenca del Segura que han generado daños a las infraestructuras del postrasvase. Pero eso, en opinión de la Generalitat, no puede justificar la limitación de desembalses en el resto del territorio.
Para Compromís, esos supuestos daños en las infraestructuras tampoco podrían motivar la decisión de recortar la llegada de agua a la provincia de Alicante. «No es una razón suficiente para que no haya ninguna posibilidad de conducir recursos de agua de forma rápida y almacenarlos, a su vez, en Entrepeñas y Buendía, en la cabecera del Tajo; o en el embalse de Alarcón. «Esta decisión arbitraria y unilateral ha roto por completo la planificación de los cultivos de la zona», apuntaron desde Compromís en referencia a las comarcas de Alicante más afectadas por la falta de agua. Los colectivos de regantes, señalan desde la coalición de izquierdas y valencianista que aspira a repetir el Botànic y a sumar votos decisivos en Madrid para condicionar la formación de gobierno, tienen ya un escaso margen de maniobra en los caudales que se están manejando para, encima, afrontar un «déficit adicional» en los trasvases. «El Ministerio anuncia que se pueden producir nuevos recortes en los trasvases durante los próximos meses -ya lo anunció este periódico hace unos días-. Es por eso que estaremos vigilantes para que se cumplan las reglas del trasvase», apuntan desde Compromís que, como estrategia de campaña, viene ofreciéndose como llave para reivindicar inversiones en Madrid si logran buen resultado.
