La orden para rescatar de forma unilateral la gestión del área de salud de la Marina de manos privadas está dada. Aún así la consellera de Sanidad, Ana Barceló, mantiene la puerta abierta a que la vuelta a lo público se haga mediante acuerdo con las empresas gestoras (DKV y Ribera Salud) ya que los canales de comunicación y diálogo «se mantienen abiertos» y se optará siempre por el camino «más corto» para resolver el conflicto.

Así lo anunció ayer la consellera de Sanidad en su comparecencia en la Diputación Permanente de las Corts para hablar del rescate de Dénia a petición del grupo parlamentario de Podem. Barceló defendió desde la tribuna que el Consell había cumplido su promesa ya que, antes de acabar la legislatura, se había dado la orden de rescatar la concesión tras ver que el precio ofrecido a la concesionaria por las acciones resultaba «insatisfactorio». «Hemos procedido a pedir informes a las direcciones generales de Asistencia Sanitaria, Alta Inspección y Eficiencia y Régimen Económico para iniciar el expediente de rescate de la concesión», insistió frente a las críticas de falta de concreción y transparencia en el proyecto que llegaron incluso del grupo Podem. «No sabemos si hay exceso de marketing o falta de voluntad para llevarlo a cabo», aseguró el diputado Antonio Estañ que pidió saber el «cuándo y el cómo» de un proceso «al que llegamos cuatro años tarde».

«Están engañando a la gente»

Las críticas desde el Partido Popular fueron más agrias al poner en duda que la petición de informes realizada por la consellera supusiera un inicio «de facto». «¿Ha hecho un acto administrativo o es humo?» preguntó el diputado José Juan Zaplana que aseguró que, en todo caso, lo firmado por la consellera como inicio del expediente sería «un informe interno» ya que no había habido «ni publicación en el DOGV ni comunicación a la concesionaria» ni se había pedido informes «a la Abogacía ni a Intervención». Además Zaplana recordó que al optar por un rescate, esto es la ruptura unilateral del contrato de concesión que está en vigor hasta 2024, la conselleria tenía que motivar su decisión y «desde la toma de la decisión hasta la liquidación tienen tres meses. Eso es julio, si no va a haber gobierno hasta julio ¿quién va a hacer el proceso? Están engañando a la gente».

En respuesta, la consellera defendió que eran un gobierno «serio» y «cuando el president anuncia que se ha iniciado el expediente es porque se ha iniciado» y afirmó que los plazos son los que estipula «la ley de contratos de la administración», aunque sin concretar tiempos. Sobre las motivaciones para ir al rescate, Barceló recordó que se hacía por el «clamor social» de los ciudadanos del área «y no porque lo diga la consellera, los ciudadanos han tenido una experiencia que no ha sido positiva y por eso reclaman». A esta afirmación contestó Estañ asegurando que si el contrato se iba a romper por «incumplimiento de la empresa, se podría haber iniciado antes».

Al respecto, Zaplana recordó que, al ir a un rescate se tendrá que compensar a la empresa al romper el contrato antes de tiempo: «Todos vamos a tener que pagarlo y si las cosas se hacen mal, lo pagaremos muy caro».

Por otra parte, Barceló negó que en las negociaciones con DKV y Ribera Salud se hubieran utilizado las otras dos concesiones en manos de esta última empresa (Torrevieja y Elx) como «moneda de cambio» para facilitar una salida de Dénia, tal como planteaba el director general de Ribera Salud, Alberto de Rosa.

Mantenimiento en la Ribera

Por otra pate desde la Ribera ha negado que existan problemas de mantenimiento en el Hospital de Alzira, como denunció la asociación SanitatSolsUna, y asegura que es «absolutamente falso» que el servicio tenga que pasar por un «complicado proceso burocrático». La plataforma había denunciado el «desastre» del mantenimiento de las instalaciones del centro hospitalario un año después de la reversión, con muebles viejos amontonados en los pasillos, camas y barandillas oxidadas, paredes y techos desconchados y enchufes con cables al aire. Desde Sanidad recordaron que estos trabajos están adjudicados a la empresa Ferrovial.