¡Fumata blanca! A cuatro días de las elecciones autonómicas y tras casi tres años de negociaciones, que han llegado a estar en vía muerta los últimos meses, la Conselleria de Educación, las cinco universidades públicas y los sindicatos firmaron ayer un preacuerdo para el convenio colectivo del personal docente (PDI) laboral del Sistema Universitario Público Valenciano (SUPV). Este pacto es clave para regular las condiciones laborales y salariales de uno de cada tres de los más de 7.800 docentes universitarios del SUPV. Con el acuerdo logrado, el Consell se compromete a destinar una aportación extra a las universidades de 21 millones de euros para mejorar el salario a cerca de 2.800 docentes universitarios no funcionarios. Además, introduce una nueva figura, la del profesor sustituto para cubrir bajas temporales con una retribución máxima de 21.703 euros anuales.
Actualmente son cinco las figuras de PDI laboral: profesor asociado, ayudante, ayudante doctor, profesor colaborador y contratado doctor. Las cinco universidades públicas en 2016, año de la última estadística publicada por el SUPV contaban con 2.777 docentes no funcionarios, el 36 % de la plantilla de PDI. Concretamente tenían dando clase a 1.027 profesores asociados, 90 ayudantes, 487 ayudantes doctor, 163 profesores colaboradores y 1.010 contratados doctor.
La Comunitat Valenciana es hoy por hoy la única autonomía sin convenio colectivo del PDI laboral universitario. Lo tuvo hace 21 años pero solo fue por un periodo de 48 meses y no lo ratificó la Generalitat ni tampoco la Universitat Politècnica de València (UPV). Lo suscribieron en solitario CC OO, UGT, la Universitat de València (UV) y la de Alicante (UA), pues no existían ni la Jaume I (UJI) de Castelló ni la Miguel Hernández de Elx (UMH).
No fue hasta la llegada del Consell del Botànic cuando se abrieron nuevas vías de diálogo y, en el verano de 2016, el departamento del conseller Vicent Marzà creó una mesa tripartita para negociar junto a universidades y sindicatos docentes un nuevo convenio. El lento avance en las negociaciones, con acusaciones de «dejadez del Consell» por parte de sindicatos como la UGT, llevó a que el profesorado asociado de la UV y la UPV se declarara en huelga el curso pasado en demanda de mejoras salariales y laborales.
Pendiente del futuro Consell
El jefe del Consell, Ximo Puig, en el acto de apertura del presente curso el pasado septiembre se comprometió a que el convenio colectivo quedase firmado «el próximo trimestre». Es decir, antes de que acabara 2018. Sin embargo, la asignatura queda pendiente para la Generalitat que salga de las urnas del próximo domingo, pues para que el pacto alcanzado cuaje en un acuerdo en firme faltan aún varios meses. Primero deben dar el visto bueno la Conselleria de Hacienda y la Abogacía de la Generalitat y luego aprobarlo cada uno de los Consejos Sociales de las cinco universidades. La vigencia del convenio será hasta 2023.
La mejora salarial y equiparación de los sueldos del PDI laboral de las cinco universidades y la creación de la figura del profesor contratado sustituto supone una inyección extra por parte del Consell al sistema público universitario de 21 millones de euros anuales. Esto se hará de forma progresiva en tres años: 8 millones este 2019 con efectos retroactivos desde el 1 de enero, y los 13 restantes a partes iguales en 2020 y 2021. Este último año será en el que culminen las mejoras salariales acordadas: un aumento medio del 35 % en el caso de los asociados (35 % en la UJI y la UV y hasta el 40 % en la UPV); el profesorado ayudante un 34 % y del 20 % para los ayudantes doctor.
