El Ilustre Colegio Oficial de Podólogos de la Comunitat Valenciana (ICOPCV) ha iniciado acciones para reclamar a los ayuntamientos "regularización y transparencia" en la contratación de los podólogos de los Centros Especializados de Atención a Personas Mayores (CEAMS) y Centros de Día.

Así lo indican desde la entidad colegiada, una vez han comprobado, "a través de denuncias que les han hecho llegar nuestros propios colegiados", que "son numerosos los consistorios de la Comunitat que ofrecen la licitación del servicio de Podología sin haber obtenido previamente el registro sanitario que se requiere o mediante licitaciones especiales de dudosa legalidad".

La presidenta del ICOPCV, Maite García, ha señalado: "Es nuestra obligación velar para que el desarrollo de nuestra profesión se de en unas condiciones adecuadas por el bien de la profesión, del podólogo y de los propios pacientes". Hasta el momento, se han interpuesto recursos contra más de 20 centros de municipios de Valencia, Castelló y Alicante.

"Ante nuestros requerimientos previos, los Ayuntamientos de Valencia, el Puig y el Palomar han cesado la prestación de estos servicios, directa o indirectamente, en los locales que carecían de autorización sanitaria", ha manifestado.

Además, ha apuntado que la conselleria está "en fase de obtención de las autorizaciones de los centros que dependen de ella en toda la comunidad". Junto a esto, ha señalado que se iniciaron acciones contra centros de Alzira, Cullera, Paterna, Torrent y cuatro de València que, tras esta iniciativa, ya disponen de la autorización necesaria.

Desde el ICOPCV se han interpuesto también requerimientos en Vila-Real, Atzeneta de Albaida, Castelló, Alcoi, Mutxamel, la Pobla de Farnals, Real, Monòver y Elda.

El objetivo de esta medida es que el servicio de Podología sea ofrecido de una forma idónea, según los criterios que se exigen a los centros con Registro Sanitario, para garantizar al paciente un servicio de calidad que cumpla con los parámetros profesionales y de salud pertinentes (Orden 7/2017, de 28 de Agosto de la Conselleria de Sanidad por la que se establecen las Autorizaciones Sanitarias), y de conformidad con la Ley de Contratos del Sector Público.

Desde el ICOPCV se ha insistido en la importancia de que los pacientes merecen recibir un servicio de podología profesional que se acoja a los requisitos exigidos para los centros adheridos al Registro Sanitario como, por ejemplo, disponer de aparatología para esterilizar, material esterilizado, un espacio delimitado expresamente para el ejercicio de esta actividad sanitaria, así como los medios necesarios para "no sólo cortar uñas o eliminar durezas" sino ofrecer un diagnóstico completo y un tratamiento adecuado a cada paciente.