Alquieres con precios prohibitivos. En la ciudad de València es prácticamente imposible alquilar un piso de 100 metros cuadrados por menos de 750 euros al mes. ¿Se puede encontrar una vivienda por 400 o 500 euros? Sí, un estudio de unos 50 metros cuadrados con un espacio diáfano o una habitación. Pero si la vivienda tiene más de dos habitaciones el precio se dispara y se convierte inaccesible para quienes menos tienen. En Alicante capital encontrar una vivienda por menos de 625 euros es una tarea complicada. En Castelló, el alquiler medio ronda los 438 euros con una tendencia al alza que no es tan pronunciada. Así, el precio medio de alquiler en la Comunitat Valenciana ya ronda los 600 euros al mes, según los datos publicados en el informe sobre la situacion de mercado de la Asociación de Inmobiliarias de la Comunitat Valenciana (Asicval). ¿Y los ingresos?
El alquiler es caro, sigue subiendo de forma imparable y se lleva por delante más de la mitad del sueldo de las familias en los mejores casos y hasta el 85 % de los ingresos en los peores. Y es que uno de cada cuatro valencianos, vive con menos de 710 euros al mes, es decir, con ingresos anuales por debajo de los 8.522 euros por persona, al año. Así, si una persona ingresa una media de 700 euros al mes y el alquiler le cuesta 600 euros, el dinero sobrante para el «resto» es pura miseria. Y así está el 25,6 % de la población.
El coste ha subido casi un 10 % en el último año en las tres provincias. Y la situación se hace insostenible para quien necesita encontrar, sí o sí, una nueva vivienda de alquiler por distintos motivos: Porque su contrato de alquiler haya finalizado y el casero no quiera renovar; porque el propietario haya vendido el inmueble; porque el inquilino esté pendiente de un desahucio o porque precisa un arrendamiento más barato para no incurrir en el impago.
Levante-EMV entrevista a tres personas que se encuentran en esta situación. Familias vulnerables con ingresos mínimos. Personas que no encuentran una vivienda en alquiler que puedan pagar. Los avales o pagos por adelantado los dejamos aparte, sabedores de que la Adminsitración, ante la falta de parque público disponible, ha incrementado las ayudas de emergencia y sufraga, en algunas ocasiones, ese «plus» que demandan los caseros. Sin embargo, son las familias las que deben encontrar una vivienda de alquiler en el mercado. Y los precios son prohibitivos.
En primera persona
Carmen Molina tiene 70 años, vive en un piso de 70 metros cuadrados en el barrio de Orrriols, uno de los más empobrecidos de la ciudad de València, por el que paga 500 euros con una pensión de 677 euros. La mujer muestra los recibos que paga religiosamente y los pone encima de la mesa. Uno encima del otro. La vitrocerámica no funciona, así que cocina con un hornillo. Pero la finca tiene un ascensor diminuto y eso revaloriza cualquier vivienda, sobre todo en un barrio donde la inmesa mayoría no lo tiene y la población es mayor y dependiente. Carmen no puede andar. Tiene una discapacidad reconocida del 55 %. Su silla de ruedas no cabe en el ascensor, pero si ella aguanta de pie «podemos doblar la silla y bajar a la calle», explica su hijo, de 45 años y con una discapacidad del 82 % por la que cobra una pensión de 257 euros.
Carmen y su hijo buscan vivienda porque su contrato de alquiler, por un año, ha finalizado y el casero no quiere renovarlo. No han dejado de pagar ni un solo mes. La mujer pide en la puerta de un supermercado de un barrio vecino. Debido a su movilidad reducida precisa de una vivienda o en planta baja o en una finca con ascensor. Y los alquileres que encuentra van en aumento. Los 500 euros que paga ahora le parecen un regalo en comparación con lo que le ofrecen particulares e inmobiliarias.
Manuel tiene 41 años y cero ingresos. Él también pide en la puerta de un supermercado. Tiene un ángel de la guarda con nombre de mujer y una familia que ignora su situación. Por eso no quiere publicar su imagen ni su apellido. En casa de su amiga se ducha y afeita, con ella busca trabajo y tramita sus ayudas. Él no discute con servivios sociales. Ella, sí. Está esperando la Renta Valenciana de Inclusión como agua de mayo, pero «ya me han dicho que tengo que esperar un par de meses más... y eso que la presenté en agosto».
La vida de Manuel se desmoronó cuando su pareja falleció de un infarto al corazón. Aún no se ha recuperado ni de la pérdida ni de la depresión. Eso sí, la medicación la tiene gratis desde hace un año. Vive en el piso que su pareja tenía en propiedad. El banco reclama la deuda (59.000 euros) y busca a los herederos para poder cobrarla antes de iniciar el proceso de desahucio. A Manuel esa vivienda le asfixia. Todo le recuerda a su pareja y por si se le olvida... las cartas del banco, de los impuestos, de las facturas, de las multas... llegan a nombre del fallecido. Le han cortado varias veces la luz. Su amiga paga para que se la «enganchen». El ayuntamiento le abona en algunas ocasiones las facturas del agua que se le acumulan.
Manuel busca trabajo y no lo encuentra. Busca piso y sin contrato de alquiler, ni pensión ni ingresos... su única opción es un piso del parque público de viviendas que ya ha solicitado, sin éxito. Un piso que no existe. «Y además estoy solo, no tengo hijos y hay mucha necesidad, eso ya lo sé. Pero yo también tengo mucha necesidad y antes o después me tendré que ir de una casa que no es mía y reclama el banco», explica.
E.G.G. tiene 54 años y es de Bolivia. Llegó a València hace 15 años y tiene tarjeta de residencia y un contrato de trabajo de 12 horas a la semana. Sus ingresos, pues, son de 260 euros al mes. Imposible alquilar una vivienda, ni tan siquiera compartida. Así que, en una habitación en un piso de Quatre Carreres -alquilada 150 euros al mes- tiene sus escasas pertenencias. «Vine con mucha ilusión y lo he pasado muy mal. Lo estoy pasando muy mal. Me entristecen los comentarios sobre las personas migrantes porque hasta que conseguimos el permiso de residencia y trabajo pasan 3 años en los que trabajamos como esclavos en el campo, realizando el trabajo que nadie quiere hacer por un jornal de entre 30 y 50 euros en una jornada de 7 a 21 horas. Ahora soy auxiliar de geriatría y gano 260 euros al mes. Imposible pagar un alquiler, tener una vida digna después de tanto esfuerzo y trabajo», explica quien aún teme ser deportado a pesar de tener los papeles en regla. «Ese miedo siempre lo tienes porque te sientes de fuera», explica.
Las tres personas que dan su testimonio han solicitado una vivienda pública con un alquiler social. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos realizados por la Administración para ampliar un parque público escaso, la demanda de solicitantes no para de crecer. Sobre todo si se tiene en cuenta que pagar un alquiler asequible en el mercado es ya una misión imposible. Y así, aumentan los alquileres, y también la pobreza.
