Tres informáticos alicantinos tienen en su poder imágenes, vídeos y documentos personales de un presunto espionaje a Julian Assange, el ciberactivista refugiado durante siete años en la Embajada de Ecuador en Londres entregado el pasado 16 de abril a la policía británica. A ellos se les suma un periodista, también natural de Alicante, José Martín Santos «Pepe», condenado a tres años de cárcel por estafa en 2007 y que fue director de informativos de Altea Te Ves.
La Policía investiga si una supuesta agencia de comunicación española (propiedad de los alicantinos) está detrás de la extorsión al activista australiano, de 47 años, al que le piden tres millones para no difundir sus imágenes, , según desveló ayer El País. Agentes españoles de la sección de Secuestros y Extorsiones vigilan a Santos y a tres de sus colaboradores después de que ofrecieran el material grabado durante los últimos dos años de estancia en la delegación diplomática del fundador de WikiLeaks, según fuentes cercanas a la investigación.
Assange acaba de presentar una querella contra los presuntos extorsionadores alicantinos en la Audiencia Nacional, así como contra el personal de la Embajada de Ecuador en Londres y miembros de la compañía de seguridad ecuatoriana Promsecurity, que hubieran podido participar en los hechos. Les acusa de un largo rosario delitos: organización criminal, extorsión en territorio español, delito contra la intimidad, el honor y contra el secreto de las comunicaciones abogado-cliente. Esta empresa de seguridad sustituyó a la española Undercover Global SL cuando en 2017 Lenín Moreno accedió a la presidencia de Ecuador y Assange perdió el favor de este Gobierno, según afirman sus abogados.
Subasta
Todo empezó con un tuit publicado hace unas semanas en el que se anunció la disposición al mejor postor de documentación sobre la vida de Assange en la Embajada de Ecuador. El nombre del titular de la cuenta era falso, pero el teléfono de contacto y la dirección de correo electrónico sirvieron a Kristin Hrafnsson, editor jefe de WikiLeaks, para contactar con los vendedores y comprobar la veracidad de la oferta.
Pepe le envió por correo electrónico fotografías de su ordenador en el que aparecían ficheros sobre las comunicaciones de Baltasar Garzón, abogado del ciberactivista, con Assange, los paquetes que recibía, las citas con sus médicos, los pasaportes de sus visitas, así como transcripciones de audios de sus conversaciones.
El precio era tres millones de euros y de no aceptar la oferta los vídeos y audios comenzarían a aparecer publicados en varios medios de comunicación. Si querían pagar tenían que venir a España a cerrar los términos del acuerdo. Hrafnsson pidió más pruebas del material que tenían y Pepe le impresionó mandándole la captura de pantalla de un vídeo donde aparecía el editor jefe de WikiLeaks con Assange en una reunión en la embajada.
También remitió notas legales de la carpeta personal de Aitor Martínez, letrado del despacho de Garzón, al que le habían fotografiado su estrategia de defensa durante el receso de una vista celebrada en la legación diplomática el pasado diciembre. En una de estas notas, aparece el dedo de la persona que las fotografió lo que, según la defensa de Assange, permitiría su identificación.
Audios con terceros
La perla de los envíos para convencer a Hrafnsson del valor del material fueron varios audios con conversaciones del activista con terceras personas y una carpeta con el título WhatsApp en la que se sospecha se volcó las conversaciones de los teléfonos de los abogados cuando visitaban la sede diplomática y los depositaban a la entrada. Esto acreditaría el presunto uso de micrófonos dentro de la embajada, algo que el Gobierno de Moreno ha negado, y se destaca en la querella presentada por Assange. Pepe pidió celebrar una reunión en Madrid para cerrar el acuerdo.
La reunión se celebró el pasado 2 de abril. El editor de WikiLeaks había alquilado un apartamento en el número 11 de la calle Núñez Arce al que acudieron los vendedores. A las 10 de la mañana, según describe la querella, Pepe apareció acompañado de dos personas a las que presentó como alguien que hablaba un inglés fluido y un experto informático. Él facilitó su nombre real, José Martín Santos, sin revelar su condición de periodista y pidió cambiar el lugar del encuentro por motivos de seguridad.
Vídeos, audios, mensajes...
En la cafetería del Hotel Reina Victoria, en la madrileña plaza de Santa Ana, Pepe colocó un ordenador sobre la mesa e informó a Hrafnsson que un colaborador en Alicante abriría por control remoto las carpetas encriptadas con el material. Durante tres horas los ojos del editor de WikiLeaks y de la amiga española que le acompañaba se abrieron como platos tras examinar las 103 carpetas con vídeos, audios, correos privados de los abogados y amigos de Assange recibidos durante su estancia en la embajada ecuatoriana.
Un material que, en opinión de la defensa del ciberactivista acreditaría el espionaje al que fue sometido durante sus últimos dos años de asilo. «En cada esquina de la embajada Julian Assange había sido grabado, incluso en las áreas más privadas», señala la querella.
El editor de WikiLeaks llamó a Pepe y quedaron para mantener al día siguiente un nuevo encuentro. Santos fue director de informativos de la televisión municipal de Altea. Pese a que el letrado preguntó a los investigados varias veces quién había ordenado espiar a Assange solo logró que el periodista, «el hombre que siempre llevó la voz cantante», confesara que tenían el material por medio de personas del interior de la embajada. «Dijeron que la embajada durante el Gobierno de Lenín Moreno había dado una orden de acopiar toda la información de Assange para reportarla a Ecuador», señala uno de los asistentes.
El activista australiano convocó una rueda de prensa en Londres en la que desveló el chantaje de «varios españoles». Antes de romper su contacto con Hrafnsson, le enviaron nuevos correos en los que se presentaron como Agencia 6, una supuesta empresa de comunicación alicantina, y rebajaron su oferta a 1,5 millones. Días antes se quejaron de que se habían percatado de seguimientos policiales y advirtieron que «pondrían el material bajo seguridad» para eludir la acción policial.
