¿Cuánto necesitamos la cooperación internacional en materia de justicia?
En un entorno globalizado hay muy pocos casos que no tengan ya dimensión internacional. No hablo solo de la delincuencia organizada transnacional. Una simple estafa por internet ahora tiene dimensión internacional: tienes que acudir a servidores a buscar pruebas en otro Estado.
¿Y qué papel juega la Fiscalía en este ámbito?
Es una tarea que venían ejecutando generalmente los jueces, pero a partir de 2002 los fiscales hemos comenzado a ejercer unas competencias que tenemos y que había que explotar. La Fiscalía puede aportar determinadas ventajas, especialmente por nuestra forma de actuación unificada y, sobre todo, porque en la mayoría de los países de la UE, y por supuesto en el resto del mundo, la investigación corresponde a los fiscales. Y hay una cierta tendencia de los fiscales de otros países a comunicarse con nosotros, que somos sus homólogos.
¿Hay que reformar la justicia española para que la instrucción de los casos quede en manos de la Fiscalía?
Soy una absoluta convencida de que el sistema debe cambiar. Me he ido convenciendo con el tiempo y con la cercanía a otros sistemas procesales. No lo digo porque yo sea fiscal. Aprobé judicaturas y soy jueza en excedencia. Tenemos la misma formación y las mismas habilidades. La clave es nuestra forma de organización. La especialización, que es un criterio esencial de la actual organización de la Fiscalía, nos otorga una ventaja importante a la hora de trabajar. Y la capacidad de autoorganización nos da la posibilidad de crear equipos. Es imposible que los jueces de instrucción, desde la soledad de un juzgado pequeño y con medios escasos, puedan hacer frente a grandes casos. Siempre pongo el ejemplo del caso del Prestige. No era normal que eso se llevase desde un juzgado de Corcubión. Pero con una Fiscalía instructora se puede crear un equipo de fiscales especializados en distintos temas: medio ambiente, responsabilidad civil, cooperación internacional... y trabajar conjuntamente, que es lo que se hizo en ese caso colaborando con los distintos jueces.
¿Qué ganaría el ciudadano con esa reforma?
En España, las escasas competencias de la Fiscalía no nos permiten todavía desarrollar esas estrategias. Es verdad que estamos muy vinculados al principio de legalidad, pero habría que trabajar desde otra perspectiva. Hemos copiado el sistema de Francia, el sistema del juez de instrucción, y en Francia, ahora, el 98 % de los casos los instruye el fiscal, no el juez. Copiamos el sistema, pero ahora somos incapaces de seguir la evolución y seguir la reforma del sistema francés.
Pero los jueces se resisten a que la Fiscalía tome las riendas de la investigación.
Todo cambio produce resistencia. No creo que todos los jueces se resistan. Yo creo que muchos jueces son partidarios del cambio.
¿Qué más reformas son necesarias?
No hay que cambiar tanto la esencia como la imagen de lo que somos. Es necesario dar una imagen mayor de imparcialidad. Un tema importante es el cambio de nombramiento del fiscal general. Sobre todo, el cambio del cese y el cambio del plazo al frente del cargo. El plazo de cuatro años de mandato del fiscal general está vinculado al plazo del Gobierno y, además, hay una norma específica que dice que el fiscal general cesa con el Gobierno que lo nombró. Con ello se propicia la imagen de vinculación al Gobierno. También el presupuesto es fundamental para lograr esa independencia, y lo digo como mujer, pues las mujeres no hemos sido independientes hasta que logramos independencia económica; es esencial que la Fiscalía cuente con presupuesto propio. En España, en cuanto a medios y presupuesto dependemos del Ministerio de Justicia y de las distintas autonomías. Esa dependencia económica y también de gestión tiene que cambiar.
Sus comienzos fueron en Cataluña.
Empecé a trabajar en Cataluña con Carlos Jiménez Villarejo y José María Mena como fiscales jefes. Fue una escuela de fiscales estupenda. Han sido dos líderes, dos personas paradigmáticas en la Fiscalía española. Cuando entré, aunque ya había pasado, aún se estaba hablando del caso de Banca Catalana. No sé cómo se puede decir que tenemos vinculación con el Gobierno cuando fueron ellos, los fiscales, los que tiraron para adelante. Fueron los jueces los que impidieron el procesamiento de Pujol. Nosotros en Barcelona, los fiscales jóvenes en aquella época aprendimos a trabajar con fiscales luchadores, defensores del principio de legalidad y concibiendo una Fiscalía como un servicio público. Tener siempre presente que la Justicia es un servicio público y nos debemos a la sociedad es algo que aprendí allí con Mena y con Villarejo.
¿Qué tal su experiencia en Barcelona? ¿Cómo contempla el conflicto independentista?
Estuve viviendo allí casi trece años, desde enero de 1988 hasta noviembre del 2000, también di clases en la Universidad Autónoma. Me da mucha pena porque Cataluña es parte de mi vida. Para mí, Cataluña es también algo mío y no quiero que nadie me diga que, por no haber nacido allí, no es mía. Me siento parte de aquello. Viví una época maravillosa, una sociedad y una Barcelona puntera donde ibas a ver teatro en francés, en español, en catalán. Hice mis cursos de catalán. Obviamente creo que quien esté allí tiene que aprenderlo y servir a la gente que quiera hablar en ese idioma, pero la exclusión no me gusta nada. No sé cómo hemos llegado a esta situación. Tengo amigos independentistas: es una emoción o un sentimiento que, de alguna forma, creo que hace perder la racionalidad. Cuando empiezas a hablar, todo el mundo vuelve a la racionalidad, pero hay algo emotivo ahí? No lo sé, me gustaría entenderlo.
¿La autodeterminación es un derecho fundamental de los catalanes?
En Cataluña, no. Por supuesto que no desde la legalidad internacional. Hay mucha información manipulada. Es una pena que no se pueda vivir como vivíamos.
¿La justicia española ha actuado como un órgano represor?
La justicia persigue hechos delictivos y esto es lo que hay, hay unos delitos que perseguir. Este es el Código Penal. El juicio está abierto, y hay que esperar a la sentencia. La justicia española está reconocida internacionalmente como una justicia perfectamente democrática.
Por lo que a usted le comentan en ámbitos judiciales fuera de España, ¿este caso dañó la imagen de España y de la justicia española?
A mí me preguntan, claro. Y yo explico. Pero quien me pregunta nos conoce. Llevan trabajando con nosotros muchos años, todos los días. No tengo que explicar que la justicia española no es defectuosa ni antidemocrática, ni impropia de un Estado de derecho. En ningún sitio me encuentro con ninguna duda sobre ello.
¿Qué nos aporta la UE en cuanto a la Administración de Justicia?
Soy una absoluta fan de la Unión Europea y del espacio judicial europeo que estamos construyendo. Desde el punto de vista de mi trabajo más directo, la cooperación judicial internacional, hay una absoluta diferencia entre cómo funciona una orden europea de investigación y cómo funciona una comisión rogatoria que viene de otros países, incluso de algunos cercanos pero ajenos a la UE, y aún mucho peor por supuesto si vienen de paraísos fiscales. Las autoridades judiciales de los países de la Unión tenemos confianza mutua, partimos del respeto a unos mismos derechos fundamentales y unas garantías procesales que todos respetamos. Esa forma de cooperar nos permite luchar mejor contra la delincuencia organizada en el seno de la UE.
Está en marcha la creación de una Fiscalía europea. ¿Para qué?
Como dijo Schumann, Europa no se construirá de un solo paso, sino progresivamente, paso a paso. La Fiscalía Europea inicialmente va a tener unas competencias muy limitadas, solo se centrará en la defensa de los intereses financieros de la Unión. Son casos de fraudes comunitarios, fraudes de IVA y solo cuando alcancen cuantías importantes. También podrá investigar algunos delitos cometidos por funcionarios europeos. Sobre todo, es un órgano nuevo con una forma de trabajar que puede marcar un futuro para la persecución en el futuro de otro tipo de delitos. Se va a crear como una Fiscalía colegiada, con un miembro de cada país que entre dentro de esta cooperación reforzada (22 Estados actualmente) que es la forma por la que se ha conseguido crear la Fiscalía Europea, ya que no ha habido unanimidad de los 28. Va a ser muy importante para la protección de los intereses de todos porque la UE sufre enormes pérdidas debido a fraudes comunitarios y la investigación fragmentada en los distintos países ha fracasado y se ha demostrado que no da buen resultado.
¿Cuáles son los principales frentes de actuación de la justicia europea?
La delincuencia organizada, la trata de seres humanos, la inmigración ilegal, este de la protección de los propios intereses financieros de la UE y? el cibercrimen. La Unión Europea trabaja ahora en finalizar el llamado reglamento 'e-evidence' (evidencias digitales). La mayoría de los servidores no están en Europa y la colaboración con Estados Unidos es buena, pero no es fácil. La justicia de EE UU tiene sus propios principios legales y trabaja desde un sistema diferente. La idea del 'e-evidence' es que quien preste su servicio en Europa tendrá que tener aquí un representante al cual se le van a dirigir las solicitudes, tanto de preservación de prueba como de obtención de prueba.
Reformas para perseguir a los ciberdelincuentes, pero también para controlar a las multinacionales tecnológicas.
Esa es una de las cosas que se persiguen. Ponerles una serie de pautas o límites, como es la obligación de tener sede en la Unión Europea y respetar las normas de la Unión Europea, especialmente en la colaboración con las investigaciones judiciales. Quien trabaje y utilice la Unión Europea tiene que pagar impuestos aquí y someterse a unas normas que tenemos aquí.
El mundo digital es muy veloz, la justicia muy lenta.
Pues los profesionales de la Administración de Justicia tenemos que formarnos. En la UE nos falta formación, trabajar estos mecanismos digitales y conocerlos bien. En mi ámbito aún veo mucho desconocimiento. La media de edad de los jueces es 50 años y tenemos que actualizarnos, hacer un esfuerzo. Las estadísticas dicen, hablo de memoria, que el 75 % de los crímenes requieren de alguna forma una investigación digital. No investigación internacional siempre, pero sí digital.
¿Le preocupa personalmente el impacto de las nuevas tecnologías?
Me preocupan las redes sociales muchísimo, como a cualquiera que tenga conciencia. Cambia la forma de acceso a la información y preocupan mucho las manipulaciones, y también me preocupa y mucho el tiempo que perdemos en ellas. No solo los jóvenes, todos. Y me inquieta especialmente también la pérdida de intimidad y privacidad. Me sorprende.
¿Por?
Porque yo no tengo ninguna necesidad de contarle al mundo lo que hago cada día.
Pues hay miles de millones de personas que sí.
No creo que tenga que adaptarme a eso. Al revés, creo que tengo que preservar más la privacidad.
¿Qué piensa de que el debate público se desarrolle en las redes y de esa manera crispada?
La gente joven entra a veces sin estar demasiado formada. La educación debe cambiar mucho para que la gente esté protegida para saber interpretar lo que lee y no se lo crea todo.
¿Está atrasada nuestra justicia en comparación con países del entorno?
Tenemos magníficos profesionales muy bien formados, una justicia en nada corrupta. Quizá nos faltan muchos medios. Hay que digitalizar la justicia. Tengo mucha relación con Iberoamérica, y, por ejemplo, con la Fiscalía de Chile, que está absolutamente digitalizada. Da gusto trabajar con ellos y también con las de otros países iberoamericanos como Brasil: la Fiscalía brasileña es muy buena. Ha cambiado el país, ha atacado la corrupción con todas sus fuerzas.
¿Se han atrevido a más que nosotros en España?
Bueno, aquí hemos procesado y condenado a un exdirector del Fondo Monetario Internacional. En la cárcel está el cuñado del rey. Hemos demostrado que trabajamos contra la corrupción, sea quien sea.
