Un 56,7 % de la basura que se genera en la Comunitat Valenciana acaba aún en el vertedero. La cifra de rechazos se acerca al tope del 50 % fijado por la Ley de Residuos y Suelos Contaminados para antes de enero de 2020, pero está muy lejos del 10 % como máximo que fija la Unión Europea a sus estados miembros para 2035. El acelerón, pues, es ya obligatorio independientemente del color político de ayuntamientos o gobiernos autonómicos. Durante 2017 se generaron en la Comunitat Valenciana 2.372.668,4 toneladas de residuos domésticos y comerciales, con un incremento del 10,52% sobre las generadas en 2015, pese a que la población residente se redujo un 0,79 %. Cabe destacar, eso sí, que la generación de desechos va estrechamente vinculada a la recuperación económica. La producción por habitante y día se situó en 2017 en 1,315 kilogramos, algo superior a la media española, con un 1,219 kg, según los datos de los que dispone la Conselleria de Agricultura y Medio Ambiente.
Las Entidades Locales y Consorcios de Residuos recuperaron en 2017 unas 489.941,12 toneladas, lo que suponía un 23,8 % Un 17, 8 % correspondía a material bioestabilizado y el 6 % a recuperados (metal, vidrio, papel-cartón, plástico y compuestos). Mientras, 6.547,57 toneladas fueron valorizadas energéticamente en plantas industriales valencianas. No todo se perdió, pues, camino del vertedero, pese a las falsas ideas preestablecidas sobre la efectividad del reciclaje y la economía circular. La evolución del periodo 2015-2017 marca el paso del 5,6 % al 6% en recuperación de metal, vidrio, papel-cartón, plástico y compuestos, así como un mayor incremento de material bioestabilizado, pasando un 12,8% a un 17,8 %.
El modelo de recogida selectiva de residuos en la Comunitat Valenciana se basa fundamentalmente en los contenedores en acera, aumentado de forma progresiva también el parque hasta los 63.528 actuales diseminados por todo el territorio. De los residuos generados, un 9,69 % fueron recogidos a través de los contenedores de recogida selectiva situados en las vías públicas, mientras que el 6,50 % fue gracias a la red de ecoparques. El depósito gris -de residuos mezclados-, aportó el 83,81 % . La recogida selectiva de envases de medicamentos en los puntos Sigre ha registrado también una tendencia creciente desde 2006, con un 0,050 kilogramos por habitante al año hasta los 0,096 de 2017.
El lento, pero imparable y obligatorio camino hacia el «residuo cero», tomará impulso en los próximos meses, con las medidas recogidas en el Plan Integral de Residuos Urbanos, aprobado en la recta final de la legislatura y tras decaer la Ley de Prevención de Residuos y Economía Circular por la disolución de las Corts Valencianes. El PIR 2016-2022, que a partir de ahora se llamará Pemar, establece que los municipios de más de 50.000 habitantes deberán implantar un sistema de recogida «puerta a puerta» en algún barrio o distrito antes de enero de 2021. Una obligación que implicaría a quince localidades con una población que asciende a los 2.250.000 habitantes, el 45 % de toda la Comunitat Valenciana. En caso contrario, y como alternativa, tendrá que optarse por contenedores cerrados con identificación del usuario. Dos vías, tanto la primera como esta última, que introducen el «pago por generación». Es decir, quien más basura genera, paga más en la tasa.
Además, el Pemar obliga a todos los municipios de más de 10.000 habitantes a elaborar y aprobar antes de 2021 sus Planes Locales de Residuos, donde deberán justificar el cumplimiento de los objetivos de recuperación de las recogidas selectivas. En ese punto, se establece que las demoliciones de los edificios deberán ser selectivas para aumentar el reciclaje en origen de los escombros de la construcción.
El fin de la incineración
Se pone coto también a la incineración. Una reclamación de los grupos ecologistas y que tampoco se podía eludir en la redacción final del documento, cumpliendo así con varias sentencias del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana. La Generalitat, por tanto, desestima el desarrollo de infraestructuras destinadas a tal fin. Las grandes plantas de tratamiento de residuos y los macrovertederos también pasarán a la historia, apostándose por instalaciones más pequeñas y próximas a los puntos de generación, con lo que se reducirá la huella de carbono que implica el transporte.
A cambio, se apuesta por mayor prevención en materia de desechos y la obligatoriedad de una recogida selectiva en todos los ámbitos, doméstico, comercial o industrial. En el hogar se deberá ir a la separación de pañales o productos de higiene personal, como toallitas o compresas. Algo que se hará a través del contenedor orgánico, que acabará implantándose en todos los municipios en los próximos años, o con el «puerta a puerta».
La Generalitat, mientras, impulsará un plan autonómico de sellado y mantenimiento de antiguos vertederos municipales. El Pemar también regula de forma adecuada la colaboración entre consorcios para compartir instalaciones, y recoge la modernización y adecuación de todas las plantas de tratamiento en un período de un año a partir de su entrada en vigor.
