El expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps (PP) estudia presentar una querella contra la titular del Juzgado de Instrucción número 17 de Valencia, que le ha procesado en la causa de la construcción del circuito urbano de la F1 en la capital valenciana, procesamiento que considera que "obedece a una deformación política inaceptable en la judicatura" y cree que se trata de una "censora política de gobiernos".

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes de la defensa del 'expresident', tras conocer el auto de procesamiento de la magistrada, que van a recurrir, y a quien Camps critica porque cree que su voluntad "ha sido ignorar los órganos de control" como Sindicatura o Intervención. La magistrada ha decidido procesar al expresidente de la Generalitat; al que fuera su vicepresidente Vicente Rambla; al exconseller de Infraestructuras Mario Flores y a cargos del Ente Gestor de la Red de Transporte y Puertos de la Generalitat (GTP) y empresarios, en la causa por la construcción del circuito urbano de la Fórmula 1 en València, una actuación que supuso un coste cercano a los 89 millones de euros entre 2007 y 2008. La magistrada sostiene que Camps "capitaneó" al resto de procesados para obtener un "rédito político y personal" como "máxime artífice" de un evento de interés mundial.

La defensa del expresidente valenciano señala que permanecen pendientes al criterio de Fiscalía Anticorrupción, que tiene diez días para presentar escrito de calificación y apertura de juicio, pedir el archivo o solicitar diligencias complementarias. Según su defensa, Camps entiende que es "especialmente sorprendente" que la jueza "califique como delito actuaciones efectuadas en el seno y la condición de presidente de la Generalitat, con la discrecionalidad política que dichas decisiones suponen".

También ha sorprendido al entorno de Camps que la magistrada vea delito "con la perfecta tramitación jurídica, normativa y reglamentaria supervisada por la Abogacía de la Generalitat, la Intervención y la Sindicatura de Comptes", algo que, desde su punto de vista, "la jueza no solo ha ignorado sino que se ha permitido discutir diciendo desde la más absoluta carencia de conocimiento que su voluntad ha sido ignorar los órganos de control de la administración en tanto que debe prevalecer su criterio" (el de la jueza) frente a aquellos.

Por ello, consideran que la magistrada se ha convertido con este auto "en Sindicatura de Comptes, Intervención y censora política de gobiernos". Por todo ello, desde el entorno de Camps inciden en que este auto de procesamiento "obedece solamente a una deformación política inaceptable en la judicatura", debido al hecho de que su "único sustento sea repetidas veces las distintas actuaciones en el seno de sus competencias que tanto el presidente de la Generalitat como su gobierno quisieron en su tiempo, las que califica como efectuadas para la obtención de rédito electoral".

Frente a ello, estas mismas fuentes sostienen que esta búsqueda de "rédito electoral" siempre "quedará fuera de la prevaricación o de cualquiera de los tipos penales mencionados en su resolución". "Entendemos de gran importancia que en los 40 folios del auto no hay ningún elemento que justifique la incriminación no solo de Camps sino de ninguno sobre los que se pide la apertura de juicio", subrayan en declaraciones a Europa Press.