La directora general de À Punt, Empar Marco y el presidente del Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC), Enrique Soriano, tendrán que declarar el próximo 20 de junio en el Juzgado de Instrucción número 1 de Paterna.
El PP interpuso una querella en febrero a los dos dirigentes por prevaricación que ha sido admitida a trámite al entender que existían irregularidades en el contrato de 2017 firmado con la empresa Mediterráneo Media Enterteinment, propiedad de un exdirigente socialista, para la producción de la serie «La Tramuntana». Cuando en febrero se hizo pública la querella, À Punt aseguró que las contrataciones de producción audiovisual no se realizaban con concurso público sino que las empresas presentan proyectos y À Punt decide si conviene adquirirlo o no.
Ahora, Marco y Soriano tendrán que explicar a la jueza la adjudicación de este proyecto. No solo eso, sino que el PP, a través de Jorge Bellver, también señaló la contratación de 10 personas con «contratos mentores» entre 2017 y 2018, además de los tres contratos de los directivos más cercanos a Marco y cargos de confianza de la directora: César Martí, Remei Blasco y José Manuel García.
Sobre la decisión del juzgado, la presidenta del PPCV, Isabel Bonig, aseguró antes de la junta directiva del partido que respeta la presunción de inocencia y que no iba a «culpabilizar a nadie», sino que los tribunales los que decidirán, pero sí que le gustaría que «se asumieran responsabilidades políticas».
