La citación ante el juzgado de la directora general de À Punt, Empar Marco, y el presidente del consejo rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC), Enrique Soriano, por una querella que interpuso el PP generó ayer una riada de reacciones de los principales representantes políticos.
El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, defendió la gestión de la televisión pública y pidió esperar a escuchar las declaraciones. «Tengo confianza en que las cosas se han hecho bien», aseveró el jefe del Consell, quien aclaró que la citación a declarar de la directora de À Punt y del presidente del consejo rector es «una cuestión muy previa. Estamos en un periodo absolutamente inicial», espetó.
En su entorno precisaron que el ejecutivo respeta absolutamente la autonomía del ente público y estará a lo que decida el consejo rector, al margen de la opinión que los distintos dirigentes puedan tener sobre el modelo de radio y televisión puestos en práctica y los resultados de audiencia y calidad obtenidos en el primer año de existencia.
Por parte de la oposición política, la presidenta del PPCV, Isabel Bonig, instó al Consell a «repensar el modelo antiguo» de À Punt y advirtió de que desde su partido estarán «muy vigilantes» de que se cumpla la ley y de que se haga una televisión independiente, y «no solo sobre los logros de Botànic». Bonig recordó que el PP ya planteó durante el debate de la ley de À Punt que este «no era el modelo más adecuado». La líder de los populares, que han interpuesto la querella, dijo que fue el único partido que se abstuvo porque la ley no llevaba memoria económica.
El líder de Ciudadanos, Toni Cantó, fue más allá en sus críticas y exigió la dimisión de Marco y Soriano, y reclamó garantías de la sostenibilidad y «despolitización» de la televisión valenciana.
