València, la provincia que se sitúa a la cabeza de los delitos de odio junto con Madrid, Barcelona y Vizcaya, no tiene ningún fiscal especializado en su persecución desde hace una semana, después de la renuncia de la que ha sido su coordinadora en los últimos cinco años, Carmen Andreu. Antes que ella, renunciaron por promoción profesional las otras dos fiscales que formaban hasta hace poco la sección especializada en ejercer la acusación pública contra los autores de cualquier delitos motivado por discriminación en cualquier punto de Valencia.

La situación, sin embargo, será provisional, ya que el fiscal jefe de la Audiencia Provincial de València, José Ortiz, sacó a concurso este lunes, solo tres días después de la renuncia de Andreu, la vacante de delegad de esta especialidad. A finales de esta semana, la plaza quedará cubierta con la asignación del fiscal o la fiscal que decida Ortiz de entre quienes concurran a su ocupación.

La sección especializada de delitos de odio fue creada durante el mandato de la anterior fiscal jefe provincial, Teresa Gisbert, hoy fiscal superior de la C. Valenciana, por lo que no es necesario que los candidatos pasen el filtro ni del Consejo Fiscal, ni de la Fiscalía General del estado, al tratarse de una iniciativa exclusivamente provincial.

Gracias a eso, Ortiz podrá cubrir la plaza con la celeridad que lo está haciendo, y que obedece, según las fuentes consultadas por Levante-EMV, al hecho de que se trata de una especialidad de las consideradas más importantes.

Falta de medios

La renuncia de Carmen Andreu está relacionada, según ha podido saber este diario, con las carencias de la sección, especialmente tras la marcha, en febrero, de la fiscal voluntaria con la que contaba y en abril, con la de la fiscal designada. Ambas han pasado a otras secciones especializadas, por lo que no podían compatibilizar ambos trabajos.

En todo caso, la persona que se designe como coordinadora este viernes contará con total seguridad con un fiscal designado como apoyo y, si existe la posibilidad, se volverá a dotar con un tercer fiscal voluntario, siempre y cuando haya candidatos que lo soliciten, lo que devolverá la sección a su estado anterior a febrero.

En todo caso, el vacío de esta semana no debería influir en ninguna causa penal, ya que, de surgir incidentes de carácter urgente, se asignarán a cualquier fiscal, a la espera de la formación de la sección especializada.

En 2017, de los 1.419 delitos de odio denunciados en toda España, 78 se produjeron en la provincia de València, que ocupa la cuarta posición en esa lista negra.