El decreto que regula los usos de las lenguas oficiales (castellano y valenciano) en la administración valenciana ha llegado al Tribunal Supremo (TS), que ha comunicado la admisión a trámite de los recursos de casación interpuestos por la Abogacía de la Generalitat y el sindicato Intersindical Valenciana (Iv) contra la anulación de parte sustancial de la norma que decretó el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat (TSJCV).
El alto tribunal valenciano declaró el pasado mes de julio la nulidad parcial del decreto del Consell que regula el uso del castellano y del valenciano en la administración pública autonómica.
De este modo, estimaba en parte el recurso del PP y anulaba 11 artículos y una disposición final que daban un uso destacado al valenciano sobre el castellano en aspectos como las notificaciones en los trámites administrativos, la rotulación de edificios y dependencias públicas, la comunicación entre los empleados públicos y la de éstos con los ciudadanos, las publicaciones y publicidad institucional o rotulaciones que dependóan de entidades locales.
Educación asegura que el decreto no ha sido anulado.
