La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al titular del Juzgado de Instrucción 9, junto al que investiga el caso Alquería, que declare la causa compleja, por lo que el caso que implica al expresidente de la Diputación de València, Jorge Rodríguez, y su círculo de confianza seguirá instruyéndose dieciocho meses más, si el magistrado instructor accede a esta petición, algo muy probable.
En el escrito notificado a las partes, el Fiscal Anticorrupción justifica esta prórroga en la investigación de 18 meses por el hecho, prevista en la ley de enjuiciamiento criminal (Lecrim), de la «realización de pericias y se precise la revisión de personas jurídico-privadas o públicas».
El Ministerio Público señala que en el caso Alquería «se ha recabado el auxilio de la IGAE (Intervención General de la Administración del Estado) y de la Agencia Tributaria», que suelen tardar meses en incorporarse a las causas. También se está pendiente de «realizar informes periciales respecto del análisis de documentos y de información recabada de los dispositivos móviles» incautados a Jorge Rodríguez, sus asesores y los dos exgerentes de Divalterra el 27 de junio de 2018. Para apuntalar esta petición, la Fiscalía Anticorrupción señala que «tanto los análisis de la abundante documentación que queda por analizar, como el de los dispositivos móviles y las diligencias que hay que practicar excluyen desde el inicio la consideración de una causa sencilla, a los efectos del plazo de tramitación de la causa» por lo que considera que cabe «fijar en consonancia el plazo de 18 meses, sin perjuicio de las prórrogas necesarias para concluir la instrucción de forma correcta».
El Caso Alquería investiga al expresidente de la Diputación de València y alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, cuatro asesores y dos exgerentes de Divalterra por los presuntos delitos de prevaricación y malversación relacionados con diez contratos de alta dirección en la empresa pública.
Las contrataciones se realizaron a dedo y sin que conste que los trabajadores realizaran ninguna función efectiva en la Diputación de València, según concluyen dos informes de la Unidad de delincuencia económica y fiscal (UDEF) de la Policía y de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) del Ministerio de Hacienda incorporados a la causa, sobre la que se levantó el secreto del sumario a mediados de abril. La contratación de los altos cargos de Divalterra hizo que la empresa pública de la Diputación de València alcanzara «los mismos altos cargos que otras sociedades de grandes presupuestos como Aena»
