La plataforma Movimiento contra la Intolerancia ha advertido de que vivimos en un «ecosistema de intolerancia» en el que la intransigencia y la violencia escolar avanzan en toda España de una manera «inquietante». Esta es una de las conclusiones del Informe Raxen 2018, presentado ayer en València, y en el que se recoge que el año pasado se registraron 106 incidentes y delitos de odio en la Comunitat Valenciana, entre los que destacan los delitos de racismo y disfobia (odio a las personas con discapacidad), además del aumento de denuncias en centros escolares.
«Si juntamos el aumento de intolerancia con el de violencia escolar podemos tener un flujo inquietante de aquí a 4 años», ha alertado el presidente del Movimiento, Esteban Ibarra, quien ha asegurado que esta situación se debe prevenir desde la educación, «ayudando a los jóvenes a desarrollar la tolerancia y el pensamiento crítico».
Además, ha resaltado el «avance» de la violencia escolar no solo en la Comunitat Valenciana, sino también en el resto del país, «a través de las redes sociales, un escenario donde mucho más difícil de controlar por parte de los profesores, familias e instituciones y donde se tarda más tiempo en detectar».
Connotaciones racistas
«El acoso escolar está ahí, ha dicho, ya sea con connotaciones racistas, xenófobas, por la orientación sexual, discapacidad, por el hecho de ser mujer o por cualquier otro», alerta. Para hacerle frente, plantea la «deslegitimación de la violencia poniendo a la persona y su dignidad por encima de cualquier otra identidad o atributo».
En este escenario global, Ibarra ha reclamado a la Generalitat -cuyo «trato próximo y cercano» ha valorado- que se comprometa con una Ley de Igualdad de Trato, Contra la Discriminación y los Delitos de Odio, una norma que exige también en el ámbito estatal para evitar la «indefensión de las víctimas», ante por ejemplo insultos de este tipo de sus propios vecinos.
«Prevención insuficiente»
Por ahora, existe una «insuficiencia en materia de prevención», ha lamentado. Según Ibarra, las instituciones «lo ven importante pero no es considerado fundamental». Ibarra lamenta que no exista una ley ni una Fiscalía de Delito al Odio ante estos comportamientos que «atentan contra la democracia» y ante los que «estamos indefensos», por lo que ha pedido que la intervención del ministerio público «no puede faltar en sitios donde se están produciendo estos sucesos», añade.
La plataforma subraya que los datos registrados sobre delitos de odio se estima que solo representan el 11,5 %, ya que, según la Unión Europea, solo se denuncia el 20 % de este tipo de agresiones.
Ibarra ha criticado además la actuación del Ayuntamiento de València, que tras un convenio de dos años de atención a las víctimas, ha terminado su colaboración con el anuncio de una oficina que iban a poner en marcha ·pero que sigue sin existir», concluye.
